Si por pintarrajear las paredes de la Fiscalía General en Sucre, en 2020, los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) fueron sentenciados a penas de dos y seis años de cárcel, el Ministerio Público debe iniciar procesos penales contra los manifestantes identificados por los destrozos a bienes públicos y lanzar petardos a una casa en La Paz, donde un niño se lesionó sus cuatro dedos. Es la opinión de abogados penalistas sobre los actos de violencia que se registraron en las últimas horas en la ciudad de La Paz.
En 2020, el Ministerio Público acusó a los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por delitos de organización criminal, fabricación de armas caseras, destrucción y deterioro del patrimonio histórico de Sucre y pidió 20 años de cárcel, por haber pintarrajeado las paredes de la Fiscalía General y pedir la renuncia del entonces fiscal Juan Lanchipa.
El abogado Ariel Coronado, manifestó que los hechos que se suscitaron en La Paz, ameritan una investigación penal y si existen pruebas, una sanción penal, porque se están utilizando explosivos que son peligrosos. “Si hay armas como dinamitas y otros explosivos, sí se pueden considerar delitos”, manifestó.
Coronado dijo que el Ministerio Público puede iniciar de oficio una investigación cuando tiene conocimiento de un hecho delictivo, por ejemplo que una persona arrojó un petardo a una casa y provocó que un niño de 9 años se lesione cuatro dedos. Golpear a una persona hasta causarle lesiones, como ocurrió con varios periodistas, también se inserta como delitos, según sus palabras.
