El Gobierno agradeció este viernes el respaldo de países, organismos internacionales y líderes democráticos que rechazaron cualquier intento de “desestabilizar el orden democrático” del país, que afronta protestas de varios sectores sociales que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El canciller Fernando Aramayo señaló en un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores, que Bolivia "expresa su más profundo agradecimiento" a quienes "han hecho llegar su solidaridad, su respaldo institucional y su firme defensa del orden constitucional y democrático de Bolivia".

"Valoramos profundamente las voces que, desde distintos rincones del mundo, han rechazado las acciones desestabilizadoras, los intentos de ruptura institucional y cualquier mecanismo de presión que pretenda desconocer la voluntad soberana del pueblo boliviano expresada en las urnas", añadió.

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú rechazaron, en un comunicado conjunto, “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” en Bolivia.

Los ocho países también llamaron a los actores políticos y sociales en Bolivia "a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social".

Al respecto, Aramayo destacó que la comunidad internacional "ha respondido con un mensaje claro" de respeto a la democracia "frente a quienes apuestan por el caos, la confrontación y el bloqueo permanente".

"Agradecemos especialmente a las naciones hermanas que han comprendido que defender la estabilidad de Bolivia es también defender la estabilidad de nuestra región, la convivencia democrática y el respeto entre los pueblos", agregó el canciller boliviano.

Los campesinos del altiplano de La Paz mantienen bloqueos de carreteras desde hace diez días para exigir la renuncia de Paz, una demanda respaldada por la Central Obrera Boliviana (COB), que inicialmente reclamaba un aumento salarial del 20%.

Los bloqueos se concentran principalmente en el departamento de La Paz, lo que impide el tránsito terrestre hacia el interior del país, y hacia países como Chile y Perú.

Esto ocasiona desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, sobre todo en La Paz y la ciudad vecina de El Alto y, según las autoridades, ha dejado tres fallecidos que no pudieron recibir atención médica oportuna.

El jueves, el vocero presidencial José Luis Gálvez denunció un supuesto "plan macabro" del expresidente Evo Morales (2006-2019) para "romper el orden constitucional", presuntamente financiado por el narcotráfico.

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