En un acto decisivo para la investigación del asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) ejecutó la noche de este jueves un operativo sorpresa en el municipio de Warnes. La intervención resultó en la captura de dos personas y el secuestro de elementos clave que complican la situación de los implicados.

Lo que inicialmente parecía un ataque perpetrado únicamente por sicarios en motocicleta ha tomado un matiz más complejo. Según fuentes policiales citados por Unitel, el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad permitió identificar un segundo vehículo involucrado: un furgón blanco de tamaño pequeño.

Las investigaciones señalan que, al momento del crimen, este furgón realizaba un seguimiento preventivo, monitoreando a corta distancia tanto a los sicarios como a la autoridad judicial.

Durante el operativo del jueves, según reportó Unitel, los efectivos del DACI localizaron el furgón blanco oculto bajo un árbol dentro de una propiedad en Warnes. Un detalle que llamó poderosamente la atención de los investigadores es que el vehículo no contaba con placas de control (delantera ni trasera) al momento de ser trasladado a dependencias policiales, lo que presume un intento de evadir la identificación.

Además del furgón, las autoridades procedieron al secuestro de una motocicleta, presuntamente utilizada en el día del fatídico suceso.

Como resultado de la incursión, se logró la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana (un hombre y una mujer), quienes ya se encuentran bajo custodia policial.

Sin embargo, el brazo operativo de la Policía aún busca al autor material del crimen. Los datos preliminares indican que un tercer ciudadano extranjero es señalado como el tirador que acabó con la vida de Claure.

Tras los indicios recolectados este jueves, no se descarta que el sospechoso haya logrado abandonar el país, por lo que las alertas migratorias podrían activarse en las próximas horas.

Los vehículos secuestrados y los dos aprehendidos serán sometidos a peritajes técnicos y declaraciones informativas para determinar el grado de participación en la estructura criminal que planificó el asesinato del magistrado.

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