El expresidente de Bolivia Evo Morales exigió este lunes un proceso «imparcial» y «legal», después de que un tribunal lo declaró en rebeldía y emitió una orden de captura en su contra por no presentarse al inicio de un juicio por presunta trata agravada de personas.
«No busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho Procesal. Ningún ciudadano puede ser condenado jurídica y mediáticamente, sin el respeto del Debido Proceso y la Presunción de Inocencia», sostuvo Morales (2006-2019) en una amplia publicación en sus redes sociales.
El exmandatario sostuvo que «nadie debe ser condenado por razones políticas con acusaciones falsas, armadas con pruebas inventadas solo con el objetivo de aniquilar jurídica, moral y físicamente».
Morales expuso en su publicación una serie de argumentos para asegurar que «ningún juicio puede iniciarse ni avanzar si, previamente, no se resuelven los incidentes» presentados por las partes porque estos «tienen el objetivo de cuestionar la validez de un proceso y la vulneración de derechos fundamentales».
«Si un juez o un tribunal permite que un juicio avance sin resolver los incidentes pendientes, corre el riesgo de que todo lo actuado sea nulo de pleno derecho, pudiendo la defensa de un denunciado presentar acciones constitucionales y una denuncia penal por prevaricato contra los administradores de justicia», mencionó.
Este lunes debía comenzar en la ciudad sureña de Tarija el juicio oral contra Morales en el que se le acusa de trata agravada de personas, por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija mientras fue presidente de Bolivia en 2016.
Rebeldía y nueva orden de captura
Ante la ausencia del exmandatario y de sus abogados defensores, el tribunal lo declaró en rebeldía y suspendió el proceso hasta que Morales se presente ante la Justicia o la Policía ejecute una nueva orden de captura emitida este lunes.
La Fiscalía de Tarija indicó que los abogados de Morales no presentaron «ninguna clase de justificativo» por su ausencia y, ante la falta de defensa privada en la audiencia, se decidió que el político fuera asistido por abogados de defensa pública.
La defensa de Morales alega que el expresidente no fue notificado personalmente para asistir al inicio del juicio, sino mediante un «edicto» judicial, lo que constituye un «vicio causal de fondo», y considera que el proceso es «político».
Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, una zona cocalera que es su bastión político y sindical en el centro del país, desde octubre de 2024, custodiado por cientos de sus seguidores para impedir su detención por este caso, iniciado durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025).
En su momento, la Policía no pudo ejecutar una orden de captura contra el exmandatario porque sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días, entre octubre y noviembre de 2024, para impedir el ingreso de los agentes a esa zona cocalera.
En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente y la Fiscalía de Tarija reiteró que reunió más de 170 pruebas de cargo en su contra para el juicio oral, entre ellas 39 declaraciones de testigos.
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