Rodrigo Paz cumple medio año en la Presidencia con problemas en el área de hidrocarburos e intentos de resolver la crisis económica, resistidos por los sectores sindicales que fueron afines a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, y que incluso piden la renuncia del Jefe de Estado.
Paz tomó juramento el 8 de noviembre de 2025 en medio de una crisis económica marcada por el desabastecimiento de combustibles, la falta de dólares y una elevada inflación.
Ante este panorama, entre las primeras medidas que impulsó estuvieron la búsqueda de financiación externa con fines productivos, el retiro de la subvención a los combustibles vigente durante más de 20 años y un recorte del gasto público de 585 millones de dólares, equivalente al 1% del producto interior bruto (PIB).
El objetivo de estas medidas fue restituir la liquidez de dólares, afectada desde principios de 2023, y eliminar las filas de vehículos en busca de combustibles que fueron habituales en los dos últimos años del Gobierno de Arce (2020-2025).
En el Presupuesto General del Estado Reformulado (PGE) que presentó el Ejecutivo se proyecta para este año una inflación de 14%, frente al 20% registrado en 2025, y un déficit fiscal de 9%.
La estimación de crecimiento económico del Gobierno para este año es cercana al 1%, aunque organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) prevén caídas de 3,3 y 3,2%, respectivamente.
El mayor problema para Paz fue la venta de gasolina en mal estado, que confrontó al Ejecutivo, sobre todo, con los transportistas que vienen realizando una serie de paros, la más reciente el martes, para exigir un resarcimiento por los daños causados a sus vehículos.
El conflicto por los combustibles le costó el puesto al hoy exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, mientras que el Gobierno ofreció una disculpa a los transportistas y aseguró que hoy el problema está prácticamente resuelto.
A esto se sumó la crisis en YPFB, que en estos seis meses tuvo tres presidentes y estuvo envuelta en denuncias de corrupción que, según las autoridades, se arrastran desde gestiones anteriores. En este medio año, Paz también optó por rodearse de colaboradores técnicos, lo que supuso tomar cierta distancia de las organizaciones sociales y los sindicatos que fueron aliados políticos y la base social de las administraciones de Morales y Arce.
El Gobierno mantuvo tensiones con estos sectores, principalmente con la Central Obrera Boliviana (COB), que a principios de año realizó una huelga contra el retiro de la subvención a los combustibles y que ahora exige, mediante protestas callejeras, atención a otra serie de demandas.
Los sindicatos reclaman un aumento salarial del 20% y rechazan el anunciado cierre de empresas estatales deficitarias, una medida que consideran una “privatización encubierta” impulsada por el Gobierno de Paz para reducir el gasto público en medio de la crisis económica.
El Ejecutivo descartó conceder ese incremento salarial y planteó sustituir el tradicional “pliego petitorio” sindical por acuerdos basados en proyectos productivos.
En respuesta, la COB convocó a un paro general indefinido con protestas, lo que fue calificado por el Gobierno como “un intento desestabilizador” de algunos sectores que buscan “recuperar el espacio político” que tuvieron en años anteriores.
