El anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y la dirigencia campesina del país sobre la Ley 1720 provocó una fuerte reacción de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que, en una conferencia de prensa conjunta con el Comité pro Santa Cruz, informó del inicio de medidas de presión progresivas a partir del 14 de mayo.

En la Casa Grande del Pueblo, el presidente Rodrigo Paz y representantes del sector campesino suscribieron un acta que contempla una gestión del Gobierno ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la abrogación de la norma.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo este miércoles que, tras la reunión con dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), se acordó avanzar en la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras y en la elaboración de una nueva norma construida en consenso.

Destacó que el encuentro, que se extendió por varias horas, permitió consolidar un espacio de diálogo orientado a atender las demandas del sector campesino y a evitar susceptibilidades, en el marco de una solución concertada.

“Se firmó un acuerdo entre ambas partes en ese espíritu y sí, se habló de la posibilidad de abrogación (de la Ley 1720) en el marco de poder ampliar e incluir en un debate todas las visiones y atender a las diversidades del país”, señaló el Vocero Presidencial, citado por ABI.

En esa línea, remarcó que el proceso acordado contempla la construcción de una nueva propuesta normativa. “Después de conversar, pactar, acordar, de construir de manera conjunta los acuerdos que nos incluyen a todos, se abrogará (la Ley 1720) y se pondrá el nuevo proyecto donde todos estemos más satisfechos y entendamos que de verdad tenemos lugar en esa comprensión respecto a la tierra”, afirmó.

Gálvez explicó que la abrogación de la norma deberá ser tratada por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante una nueva iniciativa legal, que posteriormente será remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.