“El Gobierno no está sabiendo gestionar los conflictos, ni en su solución, ni en el manejo de sus tiempos”. Así el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, evaluó la acción gubernamental frente a la conflictividad que se registra en Bolivia, particularmente con el tema del combustible.

Callisaya se pronunció a tiempo de presentar los resultados del monitoreo de conflictividad en Bolivia. Se registró en este periodo 157 conflictos, entre los cuales el tema del combustible fue el primer detonante con 29 casos, seguido de temas de gobernanza con 27.

Sobre el conflicto del combustible, el Defensor advirtió que el problema se está convirtiendo en un conflicto de alta densidad y de larga data.

Señaló que a ese tema se suman conflictos por la educación, salud y ejercicio de derechos, debido a que el Gobierno promulga decretos y leyes sin la participación, sin la consulta de la población.

Asimismo, Callisaya alertó que existe una incertidumbre en la población, por la falta de claridad de adónde quiere llegar el Gobierno y cómo quiere lograr sus metas.

Según el Defensor, esta angustia lleva a la población a cuestionarse si valen la pena los sacrificios que en este momento está realizando.

En ese sentido, sugirió al Gobierno “que hable con claridad, que hable con transparencia acerca de su agenda estratégica con la población, indicando claramente las metas, los procesos, los resultados, los plazos que se persiguen”.

En una segunda sugerencia, el Defensor pidió instalar una mesa de diálogo multiactor para consensuar la agenda de Gobierno en ese ámbito de transparencia.

Pidió que en ese diálogo estén presentes los líderes políticos de las fuerzas políticas importantes en el sistema nacional, los representantes de las confederaciones y gremios empresariales, los dirigentes de las centrales y organizaciones sindicales más importantes del país.

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