Diputados de la alianza Libre impulsan la socialización del proyecto de ley de Prevención y Atención Intersectorial a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle, una iniciativa que busca establecer mecanismos de protección integral, restitución de derechos y reinserción social para menores en condición de alta vulnerabilidad.
La iniciativa fue abordada durante una audiencia convocada por la diputada María Angélica Villena y contó con la participación de organizaciones e instituciones que trabajan con población infantil en riesgo social, entre ellas Fundación Alalay, Estrellas en la Calle, Vamos Juntos, Oikía, Techo Pinardi-SDB, Anda de Esperanza, Camino y el Alfarero y Segepos.
En el encuentro también participaron el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Antonio Loma, además de los legisladores Sergio Vásquez, Marshel Portocarrero y otras diputadas de la bancada paceña de Libre.
El diputado Vasquez, informó que la bancada de Libre está apoyando el tratamiento de este proyecto de ley que plantea medidas específicas para garantizar derechos fundamentales de menores que viven o permanecen en las calles, priorizando áreas como identidad, salud, educación y acceso a espacios públicos.
Entre las principales disposiciones proyectadas se encuentra la implementación de programas gratuitos y flexibles para la obtención de certificados de nacimiento y cédulas de identidad, eliminando barreras administrativas que dificultan el acceso a documentación básica.
Igualmente considera atenciones en el sistema de salud público, medidas de educación alternativa, espacios deportivos y culturales, además de prohibir el uso desproporcionado de la fuerza en operativos de seguridad dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
El texto define un proceso de reintegración dividido en tres etapas: adherencia, basada en el contacto inicial y la construcción de confianza; rehabilitación física y emocional mediante programas especializados; y reintegración sostenible, enfocada en el retorno progresivo al entorno familiar, educativo y social.
Asimismo, delimita competencias para los distintos niveles del Estado. El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados desde el Senado y sus impulsores solicitaron formalmente su reposición para tratamiento legislativo desde noviembre de 2025.
Durante la audiencia, legisladores y representantes de organizaciones coincidieron en la necesidad de acelerar el debate de la norma ante el incremento de menores expuestos a violencia, consumo de drogas, explotación y exclusión social en distintas ciudades del país.
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