En su momento ofrecido como un proyecto moderno y de alto impacto para la salud, la construcción del Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel en Salud en La Paz terminó en un proceso penal, en el que se destaparon no solo irregularidades en contratos, sino también en las condiciones del terreno, generando un daño económico de más de 700 millones de bolivianos.

El proyecto fue adjudicado en 2018 mediante el contrato bajo la modalidad “llave en mano” a la empresa Makiber. Este tipo de contratación incluía la ejecución integral del proyecto: diseño, construcción, equipamiento, capacitación y puesta en marcha.

Sin embargo, ya se encendió la alarma tras el deslizamiento de terreno ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en la parte posterior del Instituto, ubicado en predios colindantes al Estado Mayor en la zona Miraflores de La Paz. Este evento comprometió la estabilidad de la infraestructura sanitaria, generó riesgos para la seguridad de las personas y causó daños a estructuras cercanas.

Fisuras, hundimientos y humedad

En las investigaciones se constató que no se realizaron evaluaciones minuciosas en las fases de preinversión, inversión y ejecución, ni una adecuada fiscalización por parte de la empresa contratista y la entidad estatal, informó el fiscal Wilson Medrano.

Se llegó al extremo de establecer que el terreno no era apto para esa construcción. Según el fiscal, informes técnicos del Colegio de Ingenieros de Bolivia y del Estado Mayor del Ejército ya advertían fisuras, hundimientos y humedad en el terreno, condiciones incompatibles con una obra de gran envergadura.

Entre las irregularidades, se observó que, pese a las observaciones técnicas, el 21 de septiembre de 2024 se suscribió el Acta de Recepción Provisional, otorgando conformidad a la obra. Posteriormente, el 30 de diciembre de 2025 se firmó la Orden de Cambio, que permitió la modificación y continuidad del proyecto, pese a la insuficiente verificación de estudios geológicos y de suelos que garantizaran la estabilidad del terreno.

Daño económico

La imputación contra el representante legal de la empresa cuantifica el perjuicio económico en desembolsos que alcanzan Bs 701.730.000, Bs 35.105.000 y Bs 5.200.164, recursos públicos invertidos en una obra que no fue concluida ni puesta en funcionamiento.

Según la Fiscalía, el proyecto debía concluir el 8 de abril de 2026; sin embargo, a la fecha no se encuentra operativo ni cumple su función social.

El Ministerio Público sostiene que la falta de previsión, la ausencia de estudios técnicos previos y la deficiente fiscalización configuraron una actuación lesiva a los intereses del Estado.

Un detenido

En el ámbito penal, la Fiscalía imputó al representante de la empresa por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contrato, y solicitó su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro. La autoridad jurisdiccional deberá definir su situación en audiencia cautelar.

Exautoridades investigadas

El fiscal Medrano informó además que al menos 15 personas están siendo investigadas, entre ellas exautoridades, asesores técnicos y una exministra de Salud, quienes habrían participado en la suscripción, supervisión y continuidad del contrato sin observar los riesgos técnicos.

La investigación continuará en etapa preparatoria, donde se prevé la realización de pericias geológicas para determinar de forma concluyente la aptitud del terreno y establecer responsabilidades penales.

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