El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó este martes que identificó graves inconsistencias en el presupuesto heredado, incluyendo ingresos inflados, gastos subdeclarados y proyectos de inversión inviables que suman más de 24.000 millones de bolivianos, y anunció la reformulación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 con bases sólidas y proyecciones claras.
“El análisis profundo línea por línea nos permitió ver lo que antes estaba oculto. La cajita negra ahora se empieza a volver una caja de cristal”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez.
Entre los hallazgos, el ministro precisó que los ingresos estaban inflados por 15.000 millones de bolivianos, existían gastos programados para 2027 que figuraban como de este año por 8.000 millones, y proyectos de inversión por 4.800 millones de bolivianos no podían ejecutarse, muchos sin fichas técnicas ni derechos de propiedad.
Espinoza subrayó que “el déficit fiscal que se decía del 10,2% del PIB es mentira; solo mirando con un poquito más de profundidad, podría haber superado el 15% del PIB”. Con la reformulación, el déficit se limitará al 9% del PIB, cumpliendo con la meta de reducción anunciada por el Gobierno.
Para alcanzar este objetivo, la autoridad explicó que el gobierno central aplicó una reducción del gasto corriente de más de 4.100 millones de bolivianos, mientras que la inversión social aumentará en más de 1.000 millones adicionales para salud y educación, incluyendo 3.000 nuevos ítems en educación, 2.400 en salud y 1.500 en seguridad. “Solo ese esfuerzo representa más del 1% del PIB en reducción del déficit fiscal”, remarcó.
El ministro aseguró que se trabajará junto a gobiernos subnacionales para lograr un presupuesto más realista y eficiente, otorgando mayor autonomía a alcaldes y gobernadores en la ejecución de transferencias presupuestarias, reduciendo los plazos de aprobación de 15 a 0 días en algunos casos.
Asimismo, Espinoza adelantó que se revisará la situación de las empresas públicas para identificar aquellas que no cumplan criterios de eficiencia y probidad. La Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP) tendrá 90 días para elaborar un estudio técnico, y “aquellas empresas que no cumplan estos criterios van a tener que ser cerradas y liquidadas”, enfatizó.
El ministro destacó que estas medidas representan “una herramienta de transparencia que nos permite partir de una base cierta y hacer una asignación responsable de los recursos públicos”, garantizando a los bolivianos acceso claro a la información sobre el uso de los fondos estatales.
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