Luego de que la justicia de Países Bajos ratificó que Bolivia debe pagar una indemnización de 105 millones de dólares a la española BBVA por la nacionalización de la AFP Previsión, las autoridades explicaron que se trata de un laudo arbitral heredado y que ahora se activaron las auditorías para identificar a los responsables de exfuncionarios.

El procurador Huge León indicó que el proceso arbitral tuvo sus orígenes en 2017 y que en 2022 se emitió el laudo correspondiente. Sin embargo, se acudió a instancias judiciales de Países Bajos con pocas probabilidades de éxito en 2024 y, recientemente, en abril de este año, se conoció la decisión final que consolida la obligación que debe cumplir el Estado boliviano.   

El viceministro de Pensiones, José Valencia, enfatizó que este resultado en una “herencia de las malas decisiones que se tomaron en las gestiones pasadas cuando llevaron adelante el proceso de nacionalización” y de no haber conducido adecuadamente el proceso.

La demandante BBVA reclamó que el proceso de transición por la nacionalización fue caótico y generó incertidumbre jurídica, pero además ha sido víctima de una campaña de hostigamiento por parte de Bolivia al condicionar su salida del país al pago de contingencias y a una ola de fiscalizaciones.

El subprocurador Roger Longaric explicó que para identificar a los responsables se están iniciando auditorías, con el objetivo de determinar si la estrategia de defensa que adoptaron las anteriores autoridades fueron correctas.

“Esas auditorías nos podrá nos ayudarán a determinar quiénes son los responsables y poder identificarlos. Una vez identificados los responsables tengan la certeza de que el Estado, a través del gobierno nacional, iniciará las acciones correspondientes para poder repetir y recuperar el daño económico causado al Estado”, aseveró.

Las autoridades comprometieron a buscar alternativas que minimicen el impacto económico para el país. En ese sentido, el gerente de la Gestora, Marcelo Fernández, aseguró que este fallo no afectará a las pensiones ni los ahorros de los trabajadores.

“Nuestro compromiso como gestora es garantizar la estabilidad del sistema de pensiones, la seguridad de los aportantes y la continuidad de las prestaciones. Entonces todos los fondos de los trabajadores están seguros en este tema”, señaló.

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