El gobierno de Rodrigo Paz impulsa un nuevo modelo para el sector de los hidrocarburos con un proyecto de ley que fijará tributos de hasta 50% para las petroleras y eliminará la “discrecionalidad” de la estatal YPFB en los contratos para ofrecer seguridad jurídica a los inversores, según explicó el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.
“Todas las proyecciones que se tienen al momento con la producción de gas, exportación de gas, producción de petróleo, condensado, gasolina y demás, dan cuenta de una tendencia negativa. Por tanto, es necesario revertir esto”, dijo Medinaceli en una entrevista con EFE.
Según cifras oficiales, la situación crítica del sector se evidencia en una reducción de la producción del gas de 61 millones de metros cúbicos en 2014 a menos de la mitad este año y una disminución de las exportaciones desde los 6.113 millones de dólares en 2013 a 1.076,8 millones en 2025.Además, bajaron las reservas probadas de gas a 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF, en inglés), frente a los 10,7 TCF reportados en 2017.
La propuesta será la primera reforma de fondo que el gobierno de Paz enviará a la Asamblea Legislativa en los próximos días, con miras a que el país supere la difícil situación del sector y recupere su condición de productor de hidrocarburos mediante un modelo en el que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) opere con inversores privados nacionales e internacionales. Con esta iniciativa “se pretende que YPFB sea un actor, pero que actúe de forma conjunta con el sector privado”, tal como sucede en Brasil, Colombia y Chile, pero para esto “se necesita un sistema impositivo que respete el referéndum del 2004”, explicó.
Aquel año, durante el gobierno de Carlos Mesa, se consultó a los bolivianos si estaban de acuerdo con que se cobre un “impuesto y/o regalías a las petroleras llegando al 50 % del valor de la producción de gas y petróleo en favor del país”. Medinaceli recordó que “la gente votó que sí. Entonces, realmente es necesario respetar eso de forma progresiva, y de forma eficiente”.
Consultado acerca del contraste entre ese impuesto y el 82% de participación estatal que el expresidente Evo Morales aplicó con la nacionalización de 2006, subrayó que ese porcentaje se utilizó por seis meses en solo dos campos, aunque quedó instalado en el “imaginario popular” y la “narrativa política”.
“Y aquí quiero ser enfático. A partir del 2007 la participación del Estado no fue del 82%. Y las puertas del Ministerio están abiertas para quien quiera discutir esto”, desafió.
Indicó que después de 2007, las petroleras pagaron el Impuesto Directo a los Hidrocarburos de 32%, un 18% de regalías y alrededor de un 10% adicional por diversos factores fijados en los contratos por YPFB.
