La Defensoría del Pueblo concluyó que la mayoría de los compromisos asumidos por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz en octubre de 2025 no fueron cumplidos, situación que mantiene en riesgo a personas en situación de vulnerabilidad que habitan en centros de acogida.
El informe de seguimiento, presentado el 14 de abril por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advierte persistentes vulneraciones a derechos básicos como la alimentación y la salud en establecimientos administrados por el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), entre ellos el Instituto Erick Boulter, el Instituto de Adaptación Infantil (IDAI) y el Centro Niño Jesús.
De acuerdo con el documento, la situación en estos centros refleja una “realidad de supervivencia”, marcada por la escasez de alimentos esenciales como carne y legumbres. En varios casos, la provisión de comida depende de donaciones externas e incluso del aporte económico del propio personal para evitar que los internos queden sin alimentación.
En el ámbito de la salud, el informe identifica graves deficiencias, como el uso de soluciones improvisadas -entre ellas botellas plásticas en pacientes con colostomía-, la falta de equipos médicos indispensables, como generadores de oxígeno operativos, y la ausencia de atención médica nocturna.
Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado a las autoridades departamentales a garantizar de manera urgente condiciones dignas de atención integral, especialmente para los grupos más vulnerables bajo tutela del Estado.
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