En medio del debate generado por la promulgación de la Ley 1720, el Gobierno nacional y distintas autoridades salieron a aclarar su contenido y alcances. Recientemente se informó del fracaso del diálogo entre los campesinos e indígenas de Pando y la comisión del Gobierno iniciado la noche del martes en Rurrenabaque, en el departamento de Beni.
Los movilizados continúan el recorrido rumbo a La Paz en pedido de anulación de la Ley 1720, que permite convertir la pequeña propiedad en mediana, aseguran que esta norma favorece a la concentración de tierras y amenaza a la propiedad colectiva.
La Ley 1720 de Reconversión de Tierras en Bolivia autoriza voluntariamente al Intituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a cambiar la clasificación de pequeñas propiedades tituladas a mediana propiedad. Esta norma busca facilitar el acceso al crédito bancario formal para pequeños productores, sin afectar tierras comunitarias (TCO), enfrentando cuestionamientos sobre su alcance.
A continuación, una guía práctica para comprender qué establece la norma y cuales son sus beneficios.
¿Qué es la Ley 1720?
Es una norma que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir la clasificación de pequeñas propiedades privadas tituladas en medianas propiedades, dentro del régimen agrario vigente.
¿A quiénes aplica?
La ley se aplica exclusivamente a propietarios de pequeñas propiedades privadas que cuentan con título legal. No incluye tierras comunitarias ni territorios indígenas.
¿Afecta a Tierras Comunitarias de Origen (TCO)?
No. El Gobierno fue enfático en este punto. El ministro Óscar Mario Justiniano señaló: “La ley aplica única y exclusivamente a la pequeña propiedad privada; bajo ninguna circunstancia afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO)”.
¿Es obligatorio acogerse a la ley?
No. El proceso es completamente voluntario. El propietario decide si desea o no cambiar la categoría de su predio.
“No obliga absolutamente a nadie… es libre voluntad del propietario si quiere o no quiere recategorizar su propiedad”, remarcó Justiniano.
¿Cuál es el principal beneficio?
Permite a los pequeños productores acceder a créditos del sistema financiero formal en mejores condiciones. “Lo que se busca es generar libertad económica para que puedan acceder a créditos bancarios”, explicó el ministro.
¿Por qué es importante este acceso a crédito?
Actualmente, muchos productores recurren a financiamiento informal o de casas comerciales con intereses elevados, que pueden llegar hasta el 28%. Con la ley, podrían acceder a tasas más bajas, entre el 6% y el 9%, mejorando sus condiciones de producción.
¿Qué dice el Gobierno sobre las críticas?
El presidente Rodrigo Paz Pereira rechazó lo que calificó como desinformación sobre la norma.
“No está bien que se le engañe a la gente para movilizar con falsos discursos no correctos en Bolivia, porque nosotros respetamos la propiedad privada, título propietario”, afirmó.
Asimismo, aseguró que la ley busca fortalecer al sector rural: “La ley 157 le da el poder sobre todo al sector rural de poder financiar su desarrollo”.
¿Cómo se realiza el proceso de conversión?
El propietario debe presentar una solicitud escrita y una declaración jurada ante el INRA. El trámite es gratuito y debe resolverse en un plazo máximo de 10 días hábiles.
¿Qué pasa después de la conversión?
El predio cambia oficialmente a mediana propiedad en el catastro rural. Posteriormente, será sujeto a verificación de la Función Económica Social (FES) en un plazo de 10 años.
¿Se respetan las tierras comunitarias?
Sí. El Gobierno reiteró que la norma no toca territorios colectivos ni áreas protegidas.
“No alcanza a comunidades… solamente a pequeñas propiedades privadas”, enfatizó Justiniano.
¿Qué ocurre con las preocupaciones de sectores movilizados?
Organizaciones indígenas y campesinas expresaron su rechazo y advierten posibles efectos indirectos. Ante ello, el Gobierno anunció procesos de diálogo y garantizó que estos sectores participarán en la reglamentación de la norma.
¿Cuál es el objetivo final de la ley?
Según el Ejecutivo, busca reducir la desigualdad en el acceso al crédito, fortalecer la producción rural y dinamizar la economía del sector agropecuario, manteniendo la seguridad jurídica sobre la propiedad.
De esta manera, la Ley 1720 entra en vigencia con un alcance específico sobre propiedades privadas individuales, mientras el Gobierno insiste en que no representa riesgo para tierras comunitarias y que su aplicación depende únicamente de la decisión de cada propietario.
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