El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, anunció la mañana de este martes que sostendrá un encuentro en terreno con los marchistas que se movilizan desde el departamento de Pando, en rechazo a la Ley 1720, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad a mediana propiedad.

El encuentro permitirá a la autoridad verificar las condiciones en las que se encuentran las y los marchistas, en particular su estado de salud, tras seis días de movilización.

“Tenemos programado realizar el encuentro ya en terreno por parte de la Defensoría del Pueblo; vamos a estar presentes en la marcha para ver las condiciones de los movilizados”, aseguró Callisaya ante medios de comunicación.

La autoridad informó que, a través de las delegaciones defensoriales en Pando y Beni, se realiza un monitoreo constante de la situación. Asimismo, señaló que se coordina con autoridades municipales para garantizar atención médica oportuna a las y los movilizados, de acuerdo con su avance.

En ese contexto, el Defensor del Pueblo reiteró el llamado a las autoridades a promover el diálogo. “Esta es una ley que tiene una seria incidencia en la estructura propietaria agraria no puede imponerse una lógica sin haberse consultado también a los beneficiarios o perjudicados en su oportunidad”, afirmó.

Cabe recordar que el 12 de marzo, la Defensoría del Pueblo exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a realizar una deliberación amplia, responsable y técnicamente fundamentada del proyecto de ley 157. Posteriormente, tras la sanción de la norma, la autoridad lamentó que no se haya seguido un proceso deliberativo adecuado.

Asimismo, el 8 de abril, la institución defensorial, junto a 48 organizaciones sociales de pueblos indígenas y campesinos, emitió un pronunciamiento exhortando al Órgano Ejecutivo a devolver el proyecto de ley a la ALP, ante la ausencia de un proceso de socialización con los sectores directamente involucrados.

Finalmente, Callisaya advirtió sobre posibles impactos estructurales en la propiedad agraria, señalando que la transformación de la pequeña propiedad en mediana propiedad, a sola voluntad del titular, podría generar distorsiones en la estructura agraria del país.

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