Mediante una carta donde firma como “preso político del gobierno de Rodrigo Paz”, el expresidente Luis Arce Catacora, denunció desde la cárcel de San Pedro que sufre una serie de vulneraciones a sus derechos fundamentales, incluyendo presunta “tortura psicológica”.
El exmandatario está detenido preventivamente desde diciembre de 2025, por presuntos delitos cometidos cuando era ministro de Economía, en el caso Fondo Indígena.
Arce afirmó que fue privado de libertad sin que existiera una orden legal de aprehensión, calificando el hecho como “un secuestro al margen de la ley”. Sostiene además que no recibió notificación previa de ningún proceso en su contra, pese a haber manifestado su disposición a presentarse ante la justicia.
El exmandatario señaló que, dentro del proceso iniciado por el gobierno de Rodrigo Paz, todas las solicitudes de su defensa han sido rechazadas, incluida una petición para someterse a exámenes médicos recomendados por un cardiólogo, lo que pone en riesgo su salud.
Denunció que fue alojado en un espacio sin condiciones mínimas de habitabilidad y sometido a interrupciones constantes para la toma de fotografías. Aunque indicó que esta práctica cesó tras reclamos de su entorno, afirmó que continúan registrándolo con imágenes y videos en el patio del recinto.
En la carta, el exjefe de Estado sostiene que estos hechos constituyen “actos de tortura psicológica”.
Reclamó, además, el allanamiento reciente de su domicilio, el cual interpreta como parte de acciones orientadas a su “muerte civil y política”.
Arce hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a las autoridades judiciales, para que garanticen el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de jueces y fiscales.
Asimismo, rechazó las acusaciones en su contra y aseguró: “Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo boliviano”.
El exmandatario concluyó su pronunciamiento calificando el proceso en su contra como una “persecución política, mediática e institucional” y una forma de “venganza”, en el marco de lo que considera un deterioro del Estado de Derecho en el país.
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