A raíz de los acuerdos alcanzados entre el presidente Rodrigo Paz y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Gobierno nacional aprobó el Decreto 5598 que elimina el monopolio que mantenía la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) sobre las interconexiones eléctricas internacionales.
Según el reporte del Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE), a partir de la promulgación de esta norma, cualquier agente del sistema eléctrico —ya sea privado, público o mediante asociaciones público-privadas— podrá desarrollar proyectos de interconexión con países vecinos, en un marco de libre competencia y sin privilegios exclusivos.
Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para posicionar a Bolivia como un hub energético regional, con capacidad para importar y exportar energía eléctrica hacia distintos países del área. El objetivo es fortalecer la integración energética, diversificar las fuentes de suministro y garantizar la seguridad energética nacional.
Beneficios
La apertura del mercado permitirá la participación de nuevos actores, fomentando la inversión privada y generando mayores ingresos para el Estado boliviano. Asimismo, se busca asegurar el abastecimiento de energía eléctrica en todo el territorio nacional, especialmente en un contexto marcado por la disminución de disponibilidad de gas natural.
El Gobierno también impulsa la adopción de energías renovables no convencionales como una alternativa sostenible frente a la actual coyuntura energética. En este marco, la interconexión regional permitirá cubrir eventuales déficits mediante la importación de electricidad, priorizando siempre el acceso a energía a precios accesibles para la población.
Autogeneración industrial
En un segundo aspecto de la normativa, se habilita nuevamente a los usuarios industriales a generar su propia electricidad. Esta decisión revierte restricciones impuestas en gestiones anteriores, que impedían a los empresarios utilizar inversiones ya realizadas en infraestructura de autogeneración.
La medida permitirá reducir la presión sobre el sistema eléctrico nacional, optimizar el uso de redes de distribución y fomentar nuevas inversiones productivas. Además, el esquema tarifario contempla que los autogeneradores paguen un precio mayor por el gas, lo que contribuirá a subsidiar el acceso a energía en otros sectores.
“El Gobierno reafirma su compromiso con la promoción de la inversión privada como motor del crecimiento económico, en equilibrio con la protección de los sectores más vulnerables. Se busca establecer una articulación efectiva entre el sector público y privado, garantizando el acceso universal a energía eléctrica a precios razonables”, puntualizó el MHE.
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