El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, cuestionó la aprobación del proyecto de ley PL 157/2023-2024 sobre la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad y/o empresa agropecuaria, al considerar que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) omitió un debate amplio y técnicamente fundamentado antes de su sanción.
La norma fue aprobada la pasada semana con dispensación de trámite y voto de urgencia, a solicitud del jefe de bancada de la alianza Libre, Rafael López, lo que permitió su rápida validación en Diputados tras su paso previo por el Senado. Este procedimiento fue observado por la Defensoría, que días antes -el 12 de marzo- había remitido una nota oficial exhortando a abrir un proceso deliberativo con participación de actores sociales y evaluación técnica.
Para Callisaya, se trata de una ley que incide directamente en el modelo agrario del país, por lo que su tratamiento no debió limitarse a un trámite formal. “Debe sustentarse en criterios técnicos, diálogo social y evaluación integral de impactos”, remarcó.
El análisis técnico de la Defensoría identificó varios riesgos asociados a la conversión de la pequeña propiedad. Entre ellos, la posible modificación de su régimen jurídico y la eventual pérdida de su condición de patrimonio familiar inembargable, una figura clave que protege a las familias rurales frente a deudas o procesos judiciales.
A estas observaciones se suman otras preocupaciones de fondo. La conversión a mediana propiedad podría empujar a pequeños productores a integrarse a lógicas de mercado más exigentes, sin garantías de competitividad ni acceso a financiamiento adecuado, lo que incrementa el riesgo de endeudamiento o incluso de pérdida de sus tierras.
Asimismo, especialistas advierten que este cambio podría favorecer procesos de concentración de tierras, debilitando el modelo de agricultura familiar que sostiene gran parte de la producción alimentaria interna.
Otro punto crítico es la Función Económica Social (FES), requisito que obliga a demostrar el uso productivo de la tierra. Bajo esquemas de mediana propiedad o empresa agropecuaria, su cumplimiento podría endurecerse, generando mayor presión sobre productores que no cuentan con recursos técnicos o económicos suficientes para sostener niveles altos de productividad.
Además, organizaciones rurales han señalado que una medida de este tipo, sin consulta previa ni socialización adecuada, podría generar conflictos sociales, al alterar las condiciones históricas de tenencia de la tierra y los mecanismos de protección para sectores campesinos.
En ese contexto, el Defensor del Pueblo insistió en que la deliberación pública y participativa es un pilar de la democracia, y convocó al Órgano Ejecutivo a abrir espacios de diálogo amplios, inclusivos y técnicamente fundamentados. El objetivo, dijo, debe ser prevenir tensiones sociales y construir consensos sobre un tema estructural para el desarrollo rural del país.
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