El presidente Rodrigo Paz decidió abrogar el Decreto Supremo 5591 tras la presión y amenazas de bloqueos por parte de productores arroceros y soyeros de Yapacaní y San Julián, en santa Cruz. Los movilizados advirtieron con retomar sus medidas de protesta, incluyendo la toma de pozos petroleros a partir del próximo martes.
La norma abrogada establecía gravamen cero para la importación de grano de soya hasta el 31 de diciembre de 2026, disposición que fue rechazada por productores del Norte Integrado de Santa Cruz y del Beni, quienes consideraron que afectaba la producción nacional.
La decisión gubernamental responde a un acuerdo alcanzado el pasado 10 de marzo, cuando el ministro de Desarrollo Productivo y Aguas, Mario Justiniano, se trasladó a la zona de conflicto para desactivar el bloqueo de caminos. En esa ocasión, se comprometió a anular la medida en un plazo de 72 horas, el cual no se cumplió debido a trámites administrativos internos.
Finalmente, este viernes, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes) aprobó el alcance del nuevo decreto, que fue publicado este sábado en la Gaceta Oficial, otorgándole plena vigencia legal.
La intención inicial del presidente Paz con el decreto ahora abrogado, era fortalecer la producción de subproductos de soya y responder a las necesidades de oferta y demanda, así como garantizar la mayor disponibilidad de materia prima para la industria la nacional.
Esta es la segunda vez que el Gobierno retrocede en su política económica. La primera ocurrió el 11 de enero con la abrogación del Decreto Supremo 5503, en medio de bloqueos y movilizaciones lideradas por la Central Obrera Boliviana.
Por su parte, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) calificó como innecesaria la vigencia del decreto ahora abrogado, argumentando que la producción nacional supera la demanda en más del 80%. En ese sentido, el sector insistió en la necesidad de liberar las exportaciones sin restricciones ni cupos.
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