La Defensoría del Pueblo manifestó este miércoles su profunda preocupación por las sucesivas inhabilitaciones registradas durante la etapa preelectoral de las elecciones subnacionales 2026.

En un pronunciamiento, la institución observó que, en varios casos, estas decisiones se adoptaron en plazos extremadamente próximos a la jornada de votación del domingo 22 de marzo.

Puso como ejemplo el departamento de Pando, donde la notificación a una organización política se realizó apenas siete días antes de la elección, así como en El Alto, donde se registraron otras tres inhabilitaciones a solo cuatro días de la jornada electoral.

La Defensoría recordó que las instituciones que integran el sistema democrático, como la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Órgano Electoral Plurinacional, tienen la “responsabilidad de garantizar procesos transparentes, promover la participación ciudadana y fortalecer la confianza pública, como base para el ejercicio pleno de los derechos políticos”.

“Un principio esencial del sistema democrático es la existencia de reglas claras, previsibles y transparentes, junto con la incertidumbre legítima sobre los resultados electorales. Sin embargo, la adopción de decisiones de inhabilitación en etapas próximas a la elección podría generar incertidumbre no solo sobre los resultados, sino también sobre las reglas del proceso”, señaló la institución.

El documento advierte que la situación se agrava cuando “no se brinda información clara, oportuna y suficiente sobre las razones que sustentan dichas decisiones, lo que afecta el derecho a la información de la ciudadanía”.

Según la Defensoría, las inhabilitaciones realizadas de manera extemporánea y sin adecuada comunicación pública no contribuyen al fortalecimiento de la credibilidad del proceso electoral. Por el contrario, generan opacidad, debilitan la confianza ciudadana y afectan la percepción de imparcialidad que debe regir la actuación del Órgano Electoral Plurinacional.

Frente a esta situación, la institución exhortó al Órgano Electoral Plurinacional a adoptar decisiones con criterios de oportunidad, transparencia y debida fundamentación, garantizando el acceso a información clara y accesible. Asimismo, instó a fortalecer la seguridad jurídica y la confianza pública, en resguardo del pleno ejercicio de los derechos políticos.

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