El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aclaró que no se requerirá de ninguna ley especial para el funcionamiento del nuevo Sistema de Vigilancia Digital de Medidas Cautelares para las personas con detención domiciliaria y que esta aplicación está respaldada por la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal.
El proyecto de las manillas electrónicas esperaba la aprobación de una ley especial, que contemple el presupuesto y la entidad encargada de monitorear los dispositivos que debían portar las personas con detención domiciliaria. Al final, no prosperó.
La nueva plataforma anunciada el martes por la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de justicia (TSJ) no requiere de ningún presupuesto adicional del Estado porque se trata de un sistema desarrollado por técnicos informáticos e implicará la utilización de celulares.
“Tenemos la Ley 1173 (de Abreviación Procesal Penal) que está en vigencia y dentro de sus articulados habla de esta posibilidad y estamos dando cumplimiento a esa ley. Tenemos una ley, no tendríamos ningún inconveniente, pero sí tenemos que dar cumplimiento al convenio con el TSJ”, agregó Mariaca al ser consultado sobre el respaldo legal que tiene el nuevo sistema digital.
