Un operativo de gran escala ejecutado por la Armada Boliviana en la Amazonía permitió desarticular campamentos y maquinaria vinculada a la minería ilegal, provocando una afectación económica estimada en más de 12 millones de dólares para las estructuras que operaban en la región.

Las operaciones se concentraron principalmente en la cuenca alta del río Beni y sectores del río Kaka, zonas del departamento de La Paz donde se detectó actividad aurífera ilegal.

El reporte fue presentado en conferencia de prensa por el inspector general de la institución naval, Rocco Fredy Villazón Rocha, en representación del comandante general de la fuerza, Ernesto Adalid Alfaro Palma. La autoridad explicó que las intervenciones se realizaron en coordinación con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

El 5 de marzo, efectivos navales intervinieron áreas cercanas a la desembocadura del río Quendeque con el río Beni, en inmediaciones del Parque Nacional Madidi. Durante el operativo se inutilizaron nueve campamentos mineros ilegales, que contaban con instalaciones de alojamiento, cocinas, talleres y espacios utilizados como centros logísticos para la explotación de oro.

En el lugar también se destruyó o incautó maquinaria empleada en estas actividades, entre ellas cuatro retroexcavadoras, una volqueta, una volqueta modificada tipo tolva draga, generadores eléctricos, motobombas y bombas de agua. Asimismo, se destruyeron 25 tambores con diésel y se secuestraron mercurio y bórax, sustancias utilizadas en el procesamiento del oro.

Un día después, el 6 de marzo, la Armada ejecutó una segunda intervención en la provincia Larecaja, específicamente en el municipio de Teoponte, cerca de la localidad de Mayaya, en el departamento de La Paz.

En el área minera conocida como “Venceremos I”, ubicada sobre el río Kaka, los efectivos inutilizaron dos campamentos ilegales adicionales, además de cuatro retroexcavadoras, un tractocamión tipo volqueta y una tolva destinada a la extracción aurífera. También se destruyeron cinco tambores de combustible con diésel y se incautaron memorias de cámaras de seguridad, que fueron entregadas a las autoridades competentes para su análisis.

Impacto económico y ambiental

Según la evaluación preliminar presentada por la Armada, las dos operaciones combinadas generaron un impacto económico superior a los 12 millones de dólares en la infraestructura logística de la minería ilegal que operaba en la región amazónica.

Las autoridades militares señalaron que estos operativos buscan frenar la expansión de actividades extractivas ilícitas que afectan ecosistemas sensibles y ponen en riesgo territorios indígenas y recursos naturales estratégicos del país.

Villazón afirmó que la institución continuará reforzando la vigilancia en ríos y zonas amazónicas, con el objetivo de combatir la minería ilegal y proteger el patrimonio natural del Estado. Asimismo, aseguró que estas acciones forman parte de una política de tolerancia cero frente a actividades ilícitas vinculadas a la explotación ilegal de recursos naturales.

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