En las empresas públicas se van 3.600 millones de bolivianos en sueldos y gastos vinculados, según el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, elaborado por el gobierno de Luis Arce y que todavía sigue vigente tras quedar aprobado automáticamente. De ese monto, Comibol absorbe un 40 por ciento, incluso por delante de YPFB y el Órgano Ejecutivo, si se deja fuera seguridad, defensa, salud y educación.

El actual PGE 2026 tiene un importe total agregado de Bs 377.837 millones, y un consolidado de Bs 298.332 millones; si se cumplen los anuncios de la administración de Rodrigo Paz, habrá un ajuste en gastos de al menos 30%, para atender una demanda planteada desde la campaña electoral.

El Gobierno se había comprometido a presentar el nuevo documento a la Cámara de Diputados hasta fines de febrero, pero en el Órgano Legislativo aún siguen esperando. Entretanto, algunos analistas, y por supuesto la oposición, han amplificado sus observaciones por la necesidad de reducir el tamaño del Estado tras la política aplicada durante 20 años por el Movimiento Al Socialismo (MAS), con un gasto público muy alto y una apuesta por las empresas públicas, entre sus características.

Las cifras de esta nota son oficiales y fueron sistematizadas por la Fundación Jubileo para elaborar un documento informativo que permita realizar seguimiento al compromiso de bajar el gasto que debe plasmarse en el presupuesto reformulado.

El analista en Presupuestos de Jubileo René Martínez destaca en CORREO DEL SUR que reducir el gasto de los recursos públicos va más allá de un compromiso del actual Gobierno; se “trata de una responsabilidad histórica que ahora tiene el país”.

EN EL GRUPO 10000

En el presupuesto destinado a las empresas públicas nacionales hay datos que llaman la atención.

Solo en el grupo 10000 (más conocido como grupo 100) correspondiente a sueldos y gastos relacionados, las empresas públicas, sin el Sedem, absorben Bs 3.660 millones.

Lidera esta lista la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que destina a este concepto Bs 1.464 millones; un 40% del total. Le siguen Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con Bs 839 millones; Boliviana de Aviación (BoA), con Bs 253 millones; la Gestora Pública de la Seguridad Social, con Bs 206 millones, y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), con Bs 153 millones, entre las cinco primeras.

Aparte está el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) –que agrupa a Papelbol, Cartonbol, Envibol y otras–, que destina a sueldos y gastos vinculados, Bs 201 millones.

El presupuesto de Comibol para el grupo 100 supera el de todo el Órgano Ejecutivo (Bs 1.457 millones), si se deja fuera a Policía-Ministerio de Gobierno, Fuerzas Armadas-Defensa, trabajadores en salud e ítems de educación, que tienen un tratamiento especial.

Muy por detrás quedan otros órganos del Estado. El Judicial más el Tribunal Constitucional tiene Bs 970 millones para sueldos y gastos vinculados, un presupuesto inferior al de Comibol y cercano al de YPFB. 

El Legislativo tiene inscritos Bs 214 millones para este concepto, menos que Comibol, YPFB y BoA.

Finalmente, el Órgano Electoral destina Bs 134 millones al grupo 100, mucho menos que Comibol, YPFB, BoA, la Gestora, Sedem y Emapa.

El desangramiento que suponen las empresas públicas fue denunciado por el propio Gobierno en diciembre, aunque en este caso también se esperan  decisiones estratégicas al respecto. Autoridades adelantaron que, cuidando las firmas estratégicas, habrá ajustes y hasta cierres, pero que para ello se necesitan leyes. 

“Se esperaría una reducción significativa de los gastos totales, los gastos corrientes y el gasto en sueldos; y, por lo tanto, del presupuesto total y el déficit fiscal. Al contrario, con relación a la inversión pública, que es un determinante del crecimiento y el desarrollo del país, se esperaría que no sea la variable de ajuste como fue los últimos años, es decir que no se debería sacrificar la inversión ante la limitación de ingresos, sino el gasto corriente”, reza el documento de Jubileo. 

Esta fundación remarca que además de la reducción del gasto y del déficit fiscal, “será fundamental observar su financiamiento en el transcurso de la gestión, particularmente la evolución de la deuda interna con el Banco Central y la emisión, que conlleva un incremento de la inflación.”

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