Los datos también evidencian otros obstáculos vinculados con el ejercicio de la profesión, como prejuicios sobre sus capacidades por ser mujeres, amenazas o intimidaciones de autoridades y grupos de poder, así como falta de apoyo durante el trabajo de campo.

El estudio fue realizado por la Fundación para el Periodismo (FPP) con el objetivo de conocer la situación actual de las mujeres en los medios de comunicación, identificar factores de vulnerabilidad y visibilizar las condiciones en las que desarrollan su labor informativa.

Entre las formas de violencia más reportadas figuran:

42,5%: violencia verbal e intentos de censura.

25,5%: amenazas e intimidación.

11,1%: acoso y agresiones físicas.

20,9%: nunca fue víctima de estas situaciones.

Inseguridad personal

Los resultados del sondeo también muestran que la inseguridad personal es el principal desafío para las mujeres periodistas durante sus coberturas, mencionado por el 38,8% de las encuestadas.

Le siguen los prejuicios sobre sus capacidades profesionales por ser mujer y las amenazas o intimidaciones de autoridades locales o grupos de poder, ambos con 35,5%.

Otros desafíos identificados son la falta de apoyo o acompañamiento durante las coberturas (31,6%), la desconfianza o resistencia de la comunidad hacia una mujer periodista (28,3%), las dificultades relacionadas con el cuidado de la familia (21,1%) y el acoso o violencia sexual (19,1%).

En conjunto, los datos evidencian que las mujeres periodistas enfrentan riesgos de seguridad, violencia y barreras estructurales de género que afectan el ejercicio de su labor.

Coberturas en medio del conflicto

Las cifras encuentran eco en testimonios recogidos a periodistas durante sus coberturas informativas. La periodista cochabambina Fabiola Chambi recuerda uno de los momentos más tensos de su carrera durante la crisis política de 2019. En medio de enfrentamientos y sin equipos de protección adecuados, debió sostener transmisiones en vivo mientras manifestantes se enfrentaban con palos, hondas y objetos incendiarios.

“Estuve en medio de una situación muy tensa, de estos jóvenes de la Resistencia (Juvenil Cochala) que llegaron con motos y varios manifestantes de movimientos sociales que bajaron desde Sacaba; se enfrentaron, quemaron cosas, traían hondas y palos. Yo hacía una transmisión en vivo en ese momento y me vi prácticamente rodeada. Después, cuando el enfrentamiento se desató, tuvimos que escapar”, rememoró Chambi.

En otro episodio, durante bloqueos registrados en 2024, pese a haber previsto medidas de seguridad, fue cercada por manifestantes que intentaron condicionar su trabajo, exigirle transmitir bajo sus términos y amenazaron con retener el material grabado. Tras el incidente, su medio decidió suspender temporalmente la cobertura por razones de seguridad.

“Teníamos que camuflarnos”

En El Alto, la periodista Gilda Castro vivió uno de los episodios más críticos durante la convulsión social de 2019. Cuenta que, para evitar agresiones, los periodistas debían ocultar su identidad.

“Teníamos que camuflarnos, ponernos capucha, sombreros y agarrar una wiphala para pasar desapercibidos y que la gente no nos agreda”, relata.

Castro señala que en coberturas actuales en El Alto persiste un ambiente hostil hacia la prensa, especialmente cuando las preguntas incomodan a ciertos sectores. En esas situaciones —dice— muchas veces opta por retirarse de la cobertura para evitar agresiones.

Amenazas

En el Beni, la periodista Vanessa Moreno Montejo relata que su labor investigativa derivó en amenazas directas. Luego de indagar una denuncia de presunto acoso en una institución pública, asegura que el funcionario investigado intentó intimidarla. En una ocasión, mientras realizaba una transmisión en vivo, el vehículo de dicha persona pasó a escasa distancia, en lo que describe como un intento de amedrentamiento.

Posteriormente, recibió un mensaje indirecto en el que se le advertía que dejara el tema y se le recordaba que tenía un hijo pequeño, por lo que decidió suspender la investigación.

En otra indagación periodística, relacionada con el asesinato de un adolescente, recibió un papel anónimo en la puerta de su casa en el que se afirmaba que el caso estaba cerrado y que debía detener sus averiguaciones. Sin embargo, tras verificar con la Fiscalía, confirmó que el proceso seguía abierto.

Pese al temor, decidió continuar con su trabajo. Considera que las periodistas deberían contar con mayor respaldo institucional para realizar sus actividades.

“Deberíamos tener un respaldo, alguna asociación o la seguridad del mismo Gobierno actual”, sostuvo.

Una alerta

“Los resultados del sondeo y los testimonios recogidos muestran que la inseguridad, las amenazas y los prejuicios de género forman parte de las condiciones en las que muchas mujeres ejercen el periodismo en Bolivia. Los riesgos no se limitan a la cobertura de conflictos; también incluyen hostigamientos, presiones e intentos de condicionamiento del trabajo periodístico”, señala la Fundación para el Periodismo.

Asimismo, la institución explicó que, en este contexto, los datos del sondeo constituyen una alerta para la sociedad civil, las instituciones del Estado y la cooperación internacional.

“Los hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer mecanismos de protección para las mujeres periodistas y de promover condiciones seguras para el ejercicio del periodismo, un elemento fundamental para garantizar la libertad de prensa y de expresión”, indica la fundación en un reporte institucional.

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