“El Ministerio de Salud y Deportes y el Estado Plurinacional de Bolivia serán parte del proceso ofreciendo toda la información disponible. Este gobierno no tolera actos de corrupción en ningún ámbito”, afirmó la autoridad.
Según explicó la ministra, en el caso de AISEM se recibió una denuncia de que a una persona se le habría solicitado dinero para adjudicarse una licitación, presuntamente equivalente al 10% del valor del proyecto.
La denuncia incluye capturas de chats y un código QR mediante el cual se habría solicitado el pago.
En el caso de ASUSS, las denuncias señalan que funcionarios habrían sido obligados a realizar aportes económicos para mantenerse en sus cargos.
De acuerdo con la información presentada por el Ministerio de Salud, los montos variaban entre Bs 187 y Bs 500, aunque en los últimos meses habrían llegado hasta Bs 1.000, aparentemente en función del salario de los trabajadores.
Flores indicó que el Ministerio de Salud y el Estado boliviano se constituirán en parte querellante en el proceso y entregarán toda la información disponible al Ministerio Público.
La autoridad también señaló que las funcionarias desvinculadas provenían de la gestión anterior y que el presidente había instruido su destitución tras conocerse las denuncias.
“El señor presidente todavía no había designado a una persona porque estábamos en el análisis de qué iba a suceder con cada una de estas instituciones”, afirmó.
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