Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene un total de 5.000 trabajadores y, desde la asunción del presidente Rodrigo Paz, en noviembre pasado, ya desvinculó a 410. Muchos de los ellos están siendo procesados por haber afectado las operaciones de la estatal petrolera.
“Este proceso busca no solo racionalizar la estructura de la empresa, sino también corregir irregularidades heredadas y garantizar una gestión basada en criterios técnicos y éticos, además de procesar a todos los responsables de cualquier daño a la empresa en materia económica o técnica”, explicó el presidente de YPFB, Yussef Akly.
De acuerdo con un informe de la Gerencia de Talento Humano Corporativo, la anterior administración habría designado de manera irregular a funcionarios cercanos al MAS en el Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar con el presunto fin de protegerlos y generar inestabilidad interna. La actual gerencia, añade la información, en coordinación con el área legal, inició los procedimientos para anular dichas designaciones. Asimismo, YPFB denunció que se detectaron movimientos entre cargos jerárquicos a posiciones de menor responsabilidad para encubrirse dentro de la estructura y casos con indicios de nepotismo, donde se habría facilitado el ingreso de familiares.
“Actualmente se revisa la documentación de varios funcionarios para verificar el cumplimiento de los perfiles profesionales requeridos. La nueva administración enfatizó que la ética, la honestidad y el respeto a la función pública son principios fundamentales de su gestión”, informó la estatal petrolera.
Por otro lado, YPFB reiteró que el conflicto por la mala calidad de la gasolina corresponde a “un presunto sabotaje deliberado por parte de estructuras internas organizadas”.
“Estos actos formarían parte de un plan para desestabilizar la compañía y al Gobierno. La anterior gestión convirtió a YPFB en un espacio de influencia política, lo que en 20 años generó graves daños a su capacidad técnica y operativa. Existe una estructura heredada que continúa afectando nuestra gestión de cambio”, añade Yacimientos.
En ese sentido, aseveró que se iniciaron investigaciones y denuncias de los responsables y “se irá con todo el peso de la Ley contra quienes resulten involucrados en delitos que afecten a la población”.
