Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este martes que, en el marco de su proceso de reestructuración técnica, desvinculó a un total de 410 funcionarios hasta la fecha.
Según un reporte de la estatal petrolera, el objetivo es optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la transparencia y responsabilidad institucional. En ese marco, muchos de estos funcionarios ya tienen iniciados procesos por haber afectado las operaciones de YPFB y, en algunos casos, los procesos ya están avanzados con medidas cautelares.
“Este proceso busca no solo racionalizar la estructura de la empresa, sino también corregir irregularidades heredadas y garantizar una gestión basada en criterios técnicos y éticos, además de procesar a todos los responsables de cualquier daño a la empresa en materia económica o técnica”, explicó el presidente de YPFB, Yussef Akly Flores.
De acuerdo con un informe de la Gerencia de Talento Humano Corporativo, la anterior administración habría designado de manera irregular a funcionarios cercanos al MAS en el Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, con el presunto fin de protegerlos y generar inestabilidad interna. La actual gerencia, en coordinación con el área legal, inició los procedimientos para anular dichas designaciones.
Asimismo, se detectaron movimientos entre cargos jerárquicos a posiciones de menor responsabilidad para encubrirse dentro de la estructura. Otro hallazgo importante son indicios de nepotismo, en los que se habría facilitado el ingreso de familiares.
Actualmente se revisa la documentación de varios funcionarios para verificar el cumplimiento de los perfiles profesionales requeridos. La nueva administración enfatizó que la ética, la honestidad y el respeto a la función pública son principios fundamentales de su gestión.
Denuncia de sabotaje
La empresa atribuye los problemas recientes en la calidad de la gasolina, que generaron denuncias de conductores por fallas en motores y bajo rendimiento, a un presunto sabotaje deliberado por parte de estructuras internas organizadas.
“Estos actos formarían parte de un plan para desestabilizar la compañía y al Gobierno. La anterior gestión convirtió a YPFB en un espacio de influencia política, lo que en 20 años generó graves daños a su capacidad técnica y operativa. Existe una estructura heredada que continúa afectando nuestra gestión de cambio”, explicó la estatal.
El Gobierno anticipó que se iniciaron investigaciones y denuncias de los responsables y se irá con “todo el peso de la ley” contra quienes resulten involucrados en delitos que afecten a la población.
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