En medio de denuncias de sabotaje a la calidad del combustible que se distribuye en el país, el presidente Rodrigo Paz dispuso el pasado lunes la militarización de las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), una medida que comienza a ser cuestionada.
En un contacto con Correo del Sur Radio, el diputado de la Alianza Unidad Carlos Alarcón Unidad observó que los militares no tienen la especialización adecuada para evitar sabotajes; dice que su presencia no será una solución al problema.
“Pueden servir para evitar el contrabando a la inversa con la salida de las garrafas de GLP, pero no para evitar sabotajes”, apuntó.
En su criterio, los efectivos de las Fuerzas Armadas no tienen la especialización adecuada para detectar sabotajes en la gasolina, por lo que considera que una ayuda más efectiva sería de la Policía, incluso para detener a los supuestos responsables.
Planteó un desmontaje de las estructuras del pasado y una reingeniería total de YPFB, que incluya una reforma a la Constitución, como medidas más efectivas.
Además, puso en duda que el problema del combustible solo pase por un sabotaje a partir de información de YPFB que revela manejo inadecuado.
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