Señaló que, con base en esta pericia, solicitará la detención preventiva de Revilla en la audiencia de medidas cautelares programada para el 4 de marzo a las 10:00 ante el Juzgado 13 de Anticorrupción de La Paz.
Indicó además que el fiscal asignado ya cuenta con el informe suscrito por Silvestre Flores Castro, auditor forense del IDIF, remitido mediante carta oficial CITE: AUD.FOR.IDIF-N°220/2024, de fecha 14 de octubre de 2024 y una copia del dictamen fue puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional.
Según explicó, el dictamen desglosa el presunto daño económico en Bs 404.918,03 por multas y penalidades derivadas del incumplimiento de contrato por parte de la empresa proveedora; Bs 4.550.000,00 por la no ejecución de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato; Bs 6.960.000,00 por la no ejecución de la boleta de correcta inversión; y Bs 35.942.527,97 por un pago sobredimensionado (sobreprecio) en la compra de cada vehículo.
La suma de estos montos alcanza los 47,8 millones de bolivianos y corresponde a la primera adquisición realizada en 2012, cuando Revilla pagó 70 mil dólares aproximadamente de sobreprecio por cada bus. Esa compra es investigada a solicitud de la Procuraduría General del Estado y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz que se adhirieron en calidad de víctimas a la denuncia impulsada por el dirigente vecinal.
Vera sostuvo que la auditoría forense fue solicitada por el Ministerio Público con el objetivo de determinar si existió daño económico, si el proceso de contratación fue correctamente conducido y si hubo sobreprecio.
Afirmó que el informe, respaldado por cerca de 400 páginas de documentación, concluye que sí hubo daño económico, que el proceso de contratación fue irregular y que la compra no contó con el respaldo de un Estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA).
El dirigente añadió que en la licitación se presentó un prototipo de bus, pero el vehículo finalmente entregado tendría capacidades inferiores a las ofertadas y no respondería a la topografía de la ciudad, lo que -según afirmó- implicó que el municipio recibiera un bien distinto al adjudicado. También anunció que solicitarán auditorías sobre la segunda, tercera y cuarta compra de los buses PumaKatari.
En cuanto a la situación procesal, Vera indicó que pedirán la aprehensión de Revilla, señalando que se mantiene vigente una orden emitida por el Ministerio Público y que el exalcalde no se habría presentado a declarar ante la Fiscalía en los últimos 90 días.
Dijo que Luis Revilla estuvo prófugo y volvió después de cuatro años y “tiene el poder de hacer suspender dos veces las audiencias cautelares o es un beneficiario de la manipulación y protección del poder político para encubrir a una persona que ha utilizado el cargo para enriquecerse porque hasta ahora no ha presentado ningún documento de descargo para desvirtuar todas estas acusaciones que pesan contra”.
El proceso se sigue contra Luis Antonio Revilla Herrero, Alberto Ferrufino Montoya, Raúl Harold Toro Luna y otros, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, entre otros.
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