El Ministerio de Economía , Gabriel Espinoza, informó este viernes que los billetes transportados por el avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que sufrió un accidente durante su traslado hacia La Paz, están asegurados, no tienen valor de circulación legal y no implicarán ningún gasto para el Estado.

El ministro de Economía destacó que la operación era parte de la renovación normal del papel moneda, que se importa desde el exterior para reemplazar billetes deteriorados.

“La operación fue normal hasta la importación a Viruviru. Luego del traslado desde Viruviru hacia La Paz, que estaba a cargo de la empresa que provee estos billetes, lamentablemente ha sucedido este hecho. Esto significa que esto no va a tener ningún costo para el Estado. Esto está bajo tuitión de la empresa que transportaba esto, por lo tanto hay un seguro”, explicó.

El Ministro subrayó que los billetes recuperados no pueden circular: “Ese dinero que está hoy día en el lugar del hecho no tiene valor de circulación legal. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier ciudadano que intente hacer circular cualquiera de esos billetes está cometiendo un acto que está calificado como un delito y podrá ser sancionado”.

Se trata de cerca de 78 mil piezas, y para garantizar el control y la seguridad jurídica, el Banco Central de Bolivia publicará las series de los billetes que no deben circular. “Exactamente vamos a publicar las series para que la gente tenga claro qué billetes no tienen que circular”, añadió.

El Ministro hizo un llamado a la población a no acercarse al área del accidente y permitir que los equipos de rescate y autoridades trabajen con normalidad:

“Insisto a que las personas que crean que pueden obtener algún beneficio yendo al lugar del hecho y entorpeciendo las labores de los equipos de rescate, van a tener una sanción muy complicada. Dejen trabajar a las autoridades y a los equipos de rescate”, recalcó.

Con estas medidas, el Gobierno busca proteger la integridad de los billetes, garantizar que la operación no genere gastos al Estado y asegurar que la población tenga claridad sobre la legalidad de los mismos.

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