El Gobierno anunció este martes que dejará sin efecto el proceso de contratación de una empresa para el monitoreo de redes sociales y plataformas digitales por un valor de 696.000 bolivianos. La decisión surgió tras fuertes cuestionamientos de legisladores que advirtieron sobre una presunta vigilancia tecnológica gubernamental. El Ejecutivo negó intenciones de censura o control, justificó la necesidad de la herramienta comunicacional y atribuyó la anulación a reestructuraciones organizativas internas.

La vocera presidencial, Carla Faval, confirmó el retroceso gubernamental ante la prensa al asegurar que el Ministerio de la Presidencia retiró la licitación y que el documento “ya no está vigente”. Horas antes, esa cartera de Estado había emitido un comunicado en el que aclaraba los motivos administrativos de la suspensión de la licitación. “En virtud de la nueva estructura organizativa del Poder Ejecutivo, el área de Comunicación Social ya no depende estructuralmente de este Ministerio. En consecuencia, el proceso de contratación mencionado ya no se encuentra vigente”, detalló en el texto.

En el mismo documento, el Ejecutivo rechazó enfáticamente las acusaciones de espionaje ciudadano. “No se trata de ‘controlar redes sociales’, sino de evaluar si la comunicación pública cumple su función: informar con claridad, transparencia y oportunidad a la ciudadanía”, aclaró el Ministerio de la Presidencia. 

Además, esta cartera de Estado defendió el uso de estas tecnologías al afirmar que “renunciar a estos instrumentos implicaría debilitar la capacidad del Estado para responder con eficacia” y remarcó que medir el impacto de las políticas públicas “es hoy una responsabilidad ineludible del Estado moderno” .

El documento base establecía la contratación de un sistema de escucha social equipado con Inteligencia Artificial (IA) y Big Data. La empresa adjudicataria debía procesar conversaciones en plataformas como Facebook, TikTok y X, identificar a los actores que impulsan narrativas y anticipar crisis políticas o sociales con una antelación de seis a 48 horas. El servicio también exigía alertas inmediatas en un tiempo máximo de 15 minutos ante eventos críticos, depuración de cuentas automatizadas o falsas y un tablero de control interactivo en tiempo real.