La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de Empresas Estatales reportó que 64 de las 67 empresas públicas del país operan con pérdidas económicas, mientras que solo tres —YPFB, ENDE y COMIBOL— generan utilidades, aunque aún no alcanzan estándares internacionales de eficiencia.
El director ejecutivo de la oficina, Pablo Camacho, aseguró que 14 de estas empresas presentan quiebra técnica, situación en la que las pérdidas superan el valor de inversión inicial. Entre las compañías más críticas se encuentran la azucarera ILB, Kipus, Papelbol, San Buenaventura y la Empresa de Servicios Aéreos.
“Estos recursos no pertenecen a gobiernos anteriores, son recursos de los 11,5 millones de bolivianos, que lamentablemente se perdieron en proyectos que no generaron desarrollo ni crecimiento”, enfatizó Camacho.
Pérdidas acumuladas superan los 8.000 millones de bolivianos
El ejecutivo explicó que las pérdidas acumuladas de todas las empresas estatales superan los 8.000 millones de bolivianos, cifra “que podría haber transformado significativamente la economía nacional si se hubieran gestionado adecuadamente”, aseveró.
En el caso de la empresa de servicios aéreos bolivianos que nació con un patrimonio de 52 millones y ya acumuló pérdidas de 47 millones al 2024. Actualmente, cuenta con dos helicópteros fuera de operación, que estaban destinados a prestar servicios al sector público y privado, incluyendo rescate y apoyo en incendios forestales. La falta de mantenimiento y recursos impide que la empresa cumpla con sus funciones.
“Estos helicópteros son esenciales para emergencias y desarrollo regional. Hoy, por falta de recursos, permanecen parados, lo que evidencia la mala gestión de los recursos públicos en gestiones anteriores”, señaló Camacho.
Camacho criticó la creación de otras empresas estatales que, según su análisis, no respondieron a necesidades reales del país. Proyectos como Kipus y Papelbol habrían sido diseñados más para consumo interno del gobierno anterior que para eficiencia productiva, generando estructuras burocráticas sin resultados tangibles.
Además, algunas empresas recibieron periodos de gracia de hasta 13 años para el pago de créditos, como San Buenaventura y EASBA, privilegios que no están disponibles para el sector privado, lo que refleja un manejo desigual de los recursos públicos.
Anuncian auditorías y decisiones diferenciadas
El informe técnico, que supera las 140 páginas, será presentado al Gabinete de ministros, donde se evaluarán medidas específicas para cada empresa. Se prevé la realización de auditorías integrales para determinar daños económicos y posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
“Se debe garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos. En 10 a 12 días convocaremos a una conferencia de prensa para que universidades, investigadores y periodistas puedan revisar esta información de manera clara y didáctica”, adelantó Camacho.
El ejecutivo agregó que también se identificó vencimientos de deuda pendientes de reprogramación, así como obligaciones financieras que deberán atenderse durante la gestión 2026. Cada empresa recibirá un tratamiento diferenciado, dado que no existe una fórmula única para su recuperación o reestructuración, y las decisiones deberán respetar la Ley 466, que limita la capacidad del Estado para inyectar recursos sin justificación técnica y legal.
Con este diagnóstico integral, el Camacho informó que se buscará optimizar la gestión de las empresas estatales, mejorar su eficiencia y garantizar que los recursos del Estado se utilicen en beneficio de la población. Las decisiones futuras se tomarán sobre la base de evidencia técnica y financiera, priorizando la transparencia y la rendición de cuentas.
“Más allá de la ideología o del gobierno de turno, hoy la prioridad es preservar los recursos de los bolivianos y garantizar su uso eficiente”, concluyó Camacho.
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