La Cámara de Senadores aprobó, por más de dos tercios de voto, una resolución camaral que insta a dar celeridad a los procesos de investigación relacionados con los hechos del 26 de junio de 2024, vinculados con la toma militar de plaza Murillo.
La parte resolutiva —leída en sala por el segundo secretario, Julio Romaña— establece nueve determinaciones dirigidas principalmente al fiscal general del Estado e involucra a exautoridades del Ministerio de Gobierno, altos mandos policiales, fiscales y oficiales militares.
La resolución instruye al fiscal general “agilizar y otorgar la celeridad” a procesos de investigación contra el exministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, y los exviceministros de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, y de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, por la “presentación pública de ciudadanos aprehendidos sin autorización expresa ante medios nacionales e internacionales”, en contravención al ordenamiento jurídico vigente.
Asimismo, dispone acelerar investigaciones por la elaboración y difusión del documental “Qué pasó el 26-J en Bolivia”, en cuya producción —según el documento— se habrían utilizado recursos humanos y económicos del Estado, exponiendo nuevamente fotografías y datos de ciudadanos investigados “sin autorización expresa”.
En ambos puntos, la resolución menciona expresamente a las exautoridades señaladas, vinculando las investigaciones tanto a la exposición pública de aprehendidos como a presuntos actos de coacción.
El documento también instruye dar curso a investigaciones contra exservidores públicos que, según el texto aprobado, habrían presentado memoriales judiciales modificando artículos del Reglamento General de la Cámara de Senadores, “subsumiendo su conducta en delito de falsedad ideológica”.
De igual manera, se solicita investigar actuaciones que habrían “impedido y estorbado el ejercicio de funciones” de senadores nacionales, incluida la restricción de ingreso a recintos penitenciarios y la presunta obstaculización de labores de fiscalización parlamentaria.
En este marco, se advierte la existencia de posibles indicios de delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, prevaricato e impedir o estorbar el ejercicio de funciones, tipificados en el Código Penal.
La resolución dispone además que el Consejo de la Magistratura “realice auditorías jurídicas a los procedimientos abreviados concedidos” en casos vinculados a los hechos investigados, a fin de determinar posibles responsabilidades de autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público.
En el ámbito militar, instruye dar celeridad a investigaciones contra oficiales que conformaron tribunales internos por haber emitido “resoluciones contrarias a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”, disponiendo de manera irregular la baja definitiva de personal militar vinculado a los hechos de junio de 2024, vulnerando —según el texto— plazos procesales y derechos constitucionales.
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