“Hemos dado ya la instrucción a las instancias del Viceministerio, especialmente a las que están atendiendo la problemática del mercurio, (para) que reconduzcamos la conducta del Estado respecto al cumplimiento del Convenio de Minamata. Ellos tienen un plazo que nos han pedido más o menos hasta el mes de mayo para poder redefinir el plan de implementación del Convenio Minamata”, informó la autoridad.

Ávila señaló que en los últimos años el sector de la minería se fortaleció y llegó a ejercer control sobre zonas, ríos y áreas protegidas, desarrollando actividades que no responden a criterios de responsabilidad ni a la normativa ambiental vigente.

En ese contexto, reconoció que la situación no puede resolverse en el corto plazo y que requiere un abordaje gradual y técnicamente sustentado.

El viceministro explicó que la estrategia priorizará inicialmente la persuasión y la formalización de las actividades mineras que actualmente operan al margen de la ley y hacen un uso irregular del mercurio. 

Advirtió que, si estas acciones no generan resultados, el Estado recurrirá a la fuerza pública para hacer cumplir el Convenio de Minamata, y aclaró que la elaboración de una eventual normativa corresponde al Ministerio de Minería, mientras su despacho garantizará la aplicación transversal de la variable ambiental.

El Convenio de Minamata fue adoptado oficialmente y abierto a la firma durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios realizada en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013, y entró en vigor el 16 de agosto de 2017.

En Bolivia, este acuerdo internacional fue ratificado mediante la Ley N° 759, promulgada el 17 de noviembre de 2015, que incorpora el Convenio de Minamata sobre el Mercurio al ordenamiento jurídico nacional.

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