El artículo único de la norma establece como objeto de la ley la obligación de permanecer en el país durante un periodo de seis meses posteriores al cese de mandato o destitución de la Presidenta o el Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, Ministras o Ministros de Estado, Gobernadoras o Gobernadores, Alcaldesas o Alcaldes, Asambleístas Nacionales y Departamentales, Concejales Municipales, así como de las Máximas Autoridades Ejecutivas de empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.
Esta disposición tiene como finalidad garantizar la rendición de informes requeridos por las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y la protección de los intereses del Estado.
La ley fue sancionada la jornada de este sábado por el Senado, durante una sesión virtual, como parte del tratamiento legislativo del proyecto de ley remitido hace tres días por la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que el proyecto de ley anterior establecía una permanencia obligatoria de tres meses; sin embargo, a partir de este sábado, la nueva norma amplía este plazo a seis meses.
La medida busca prever la eventual responsabilidad de las exautoridades en el ejercicio de la función pública o su posible remisión a investigaciones judiciales por hechos de corrupción.
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