El presidente Rodrigo Paz sostuvo este viernes que hay un "boicot" y un "sabotaje" contra su Gobierno, ante las protestas que hubo esta semana por parte de sindicatos de transportistas que aseguran que la gasolina que se vende en el país tiene mala calidad y dañó sus vehículos.
"Hay un sabotaje en todo esto, porque un Estado de 20 años no se resuelve en tan corto plazo", dijo Paz a los medios, tras asistir a un evento de la Cámara Nacional de Comercio en La Paz.
El gobernante, que cumplirá este domingo tres meses de gestión, recordó que en la víspera hubo un "anuncio muy duro" por parte del presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, quien informó que 360 funcionarios fueron despedidos dentro de un proceso de "reestructuración" en esa empresa.
Akly también indicó que hay una investigación interna en la estatal petrolera ante la posibilidad de que exista una "mano negra" que esté afectando la distribución del combustible de manera intencional.
Paz sostuvo esta jornada que "habrá más anuncios" sobre la "lacra", la "corrupción" y algunas "mafias internas" detectadas en estas instituciones estatales donde –según dijo– hay "gente que le está haciendo daño al país".
El mandatario se comprometió a "relanzar" la "capacidad" estatal para "evitar estos problemas" e insistió en que lo que ocurre "es un boicot".
Además, señaló que le "preocupa que haya una izquierda en este país que se está aliando a una derecha, tanto en la política, como en las organizaciones, que no quieren dejar el pasado y no le están queriendo dar la oportunidad a Bolivia para salir" adelante.
"No le quieren dar futuro, porque saben que si Bolivia avanza en ese futuro, no hay retorno al pasado ni de los viejos políticos, ni de la vieja casta que ha gobernado en los últimos años Bolivia", agregó.
Esta semana hubo protestas de transportistas en regiones como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Beni, para exigir al Gobierno una compensación por los daños que supuestamente causó a sus vehículos la gasolina que se vende en el país y que, según denuncian, tiene mala calidad.
Las autoridades aseguraron que el problema no es nacional y que se identificaron "casos específicos de gasolina residual localizada en algunos tanques con parámetros inferiores, correspondientes a adquisiciones anteriores, además de concentraciones superiores de gomas y manganeso".
El Ejecutivo también afirmó que la gasolina "desestabilizada" ya no se comercializa en el país y justificó que trabaja con un “sistema heredado” que está siendo corregido para asegurar que el combustible esté respaldado “por verificaciones rigurosas”.
El Gobierno boliviano retiró en diciembre la subvención a los combustibles que rigió durante más de dos décadas, por lo que el litro de gasolina especial pasó de costar 0,53 dólares a un dólar y el precio de la gasolina premium subió de 1 a 1,58 dólares.
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