El encuentro incluyó un panel sobre justicia, seguridad y crimen organizado, con la participación de autoridades del área de seguridad del Estado boliviano.

Durante el evento, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que el combate al crimen organizado requiere fuerzas de seguridad profesionales e íntegras, instituciones sólidas y respeto al Estado de Derecho, y remarcó que la seguridad constituye una condición clave para el desarrollo, la inversión y la estabilidad democrática.

En esa línea, subrayó la necesidad de una acción estatal firme para proteger a la ciudadanía frente a las amenazas del narcotráfico transnacional, según nota de prensa institucional.

Por su parte, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, expuso los lineamientos de la Política Antidrogas 2026–2030, concebida como una política de Estado de largo plazo. Señaló que el desafío actual no se limita al tráfico de drogas, sino a su articulación con otras economías criminales como el lavado de activos, la corrupción, la trata de personas y el control territorial, lo que exige respuestas integrales y coordinadas.

La nueva política plantea una interdicción selectiva orientada a desarticular organizaciones criminales y afectar sus estructuras financieras, el control de cultivos ilegales con enfoque de derechos humanos, la prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública y el impulso al desarrollo alternativo como mecanismo para debilitar las economías ilícitas.

En el plano internacional, Bolivia reiteró su disposición a fortalecer la cooperación regional y global, bajo el principio de responsabilidad compartida, y valoró el apoyo técnico de la Unión Europea en materia de justicia y seguridad.

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