Los delitos tipificados por la norma son el grooming o captación de menores con fines sexuales, el acoso sexual digital, el contacto indebido con fines sexuales, la producción de material de abuso sexual infantil y la difusión, intercambio o comercialización de este tipo de contenidos en entornos digitales.

La normativa establece sanciones severas para los autores de estos delitos. En los casos más graves, como la difusión, venta o comercialización de contenido digital que represente sexualmente a niñas, niños o adolescentes, se prevén penas de 10 a 15 años de privación de libertad, además de otras sanciones penales de acuerdo con la gravedad del hecho.

La ley también garantiza el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño y refuerza los mecanismos de protección durante los procesos de investigación y judicialización.

La Ley 1636 fue promulgada el 11 de septiembre de 2025, a iniciativa del Ministerio Público. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, calificó la norma como un avance histórico para la defensa de la niñez y adolescencia frente a los riesgos del entorno digital.

Con la normativa en plena vigencia, el Ministerio Público inició tareas de socialización y prevención en unidades educativas del país. En ciudades como El Alto, estudiantes de los últimos cursos de secundaria recibieron información sobre los peligros asociados al uso de redes sociales, juegos en línea e internet.

Estudios recientes señalan que plataformas como WhatsApp, TikTok e Instagram son las más utilizadas por adolescentes, lo que incrementa su exposición a riesgos. Una investigación realizada en 18 municipios del país reveló que más del 40% de los adolescentes tuvo contacto con personas que no conocía de manera presencial y varios reportaron solicitudes de contenido íntimo.

Autoridades y especialistas coincidieron en que la aplicación de la ley debe complementarse con el acompañamiento familiar y educativo, promoviendo el diálogo, la supervisión del uso de plataformas digitales y el establecimiento de normas claras para una navegación segura.

Con la Ley 1636, Bolivia fortalece su marco legal frente a la violencia sexual digital y reafirma su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

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