Tras más de dos meses sin recibir respuesta a 30 Peticiones de Informe Escrito (PIE) sobre la nómina de personal y los niveles salariales de la administración central del Estado, así como de empresas descentralizadas y autárquicas, la diputada Adriana Jiménez remitió 20 conminatorias al Órgano Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones de fiscalización.

El procedimiento regular establece que, una vez despachadas desde la Cámara de Diputados, las peticiones de informe son canalizadas al Viceministerio de Coordinación Legislativa -actualmente a cargo de Wilson Santamaría-, para luego ser remitidas al presidente del Estado y, posteriormente, a los ministerios correspondientes. Sin embargo, Jiménez aseguró que desde noviembre pasado no ha recibido respuesta a ninguna de sus solicitudes.

“Creo que se está tratando de encubrir a funcionarios del Movimiento Al Socialismo que aún siguen trabajando. Es bien sabido que se han cortado las cabezas, pero no se han cortado las raíces podridas que han generado hechos de corrupción comprobados en empresas estratégicas. Estas empresas todavía funcionan como caja chica de funcionarios puestos a dedo”, declaró la diputada en una reciente conferencia de prensa.

Jiménez consideró que constituye una falta de respeto las diferencias salariales, especialmente en un contexto de crisis económica, donde muchas familias sobreviven con ingresos de alrededor de 3.300 bolivianos mensuales. En ese sentido, cuestionó que el Estado continúe pagando salarios elevados a funcionarios designados discrecionalmente. “Todos debemos ajustarnos el cinturón, sobre todo quienes gozan de jugosos salarios en cargos puestos a dedo: el mejor amigo, el cuñado, el primo o el compadre”, afirmó.

La legisladora dijo que le resulta llamativo que el Ejecutivo oculte información con el presunto objetivo de proteger a funcionarios vinculados al MAS, que, según denunció, continúan lucrando con recursos públicos sin generar beneficios para el país.

Como consecuencia de esta situación, la diputada de la alianza Libre presentó un Proyecto de Ley de Austeridad y Racionalización Salarial, con el objetivo de garantizar un uso responsable de los recursos públicos. La propuesta busca reforzar el cumplimiento del Decreto Supremo N.º 28609, que establece que ningún funcionario público debe percibir un salario superior al del presidente del Estado.

Jiménez denunció que existen directores, jefes y gerentes que perciben sueldos de entre 40.000 y 50.000 bolivianos mensuales, e incluso consultorías que alcanzarían los 250.000 bolivianos al mes, como en el caso de la Planta de Urea y Amoniaco.

El proyecto de ley deberá ser tratado en comisión, donde se analizará su viabilidad. No obstante, su tratamiento quedará en manos de la mayoría oficialista, que controla las comisiones económicas clave de la Cámara de Diputados.

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