La crítica del legislador marca un nuevo quiebre en las tensiones internas del oficialismo, luego de que Lara se declarara opositor al gobierno del presidente Rodrigo Paz, argumentando discrepancias en la conducción del Estado.
Para Reyes, la postura del segundo mandatario revela una contradicción con su discurso de campaña, cuando condenaba los bloqueos y los calificaba como delitos, posición que —según afirmó— ahora ha cambiado desde el ejercicio del poder.
“Lastimosamente, el señor Edmand Lara prefiere defender lo indefendible. Está más que claro que la ley antibloqueos busca, primero, resguardar los derechos de todos los bolivianos de bien y, por supuesto, sancionar lo criminal: el secuestro, la tortura, el asesinato, el cobro ilegal de peajes y el impedir el paso de ambulancias”, sostuvo Reyes.
El diputado remarcó que el derecho internacional considera estas prácticas como actos ilícitos que vulneran el libre tránsito y otros derechos fundamentales. En ese sentido, cuestionó que Lara, al rechazar la norma, no solo deje en indefensión a ciudadanos afectados por los bloqueos, sino que también traicione a la Policía Boliviana, que —dijo— necesita respaldo jurídico para intervenir en estos hechos con el uso proporcional de la fuerza.
EL MARTES VUELVE EL DEBATE
En ese contexto, el proyecto de ley antibloqueos volverá a ser analizado a partir de este martes en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, donde se prevé retomar el debate de la iniciativa que propone tipificar los bloqueos de vías como delitos penales con sanciones de cárcel.
El diputado también oficialista, Carlos Alarcón (Unidad), uno de los proyectistas de la ley en la Cámara Baja, sostuvo que “durante más de 30 años nos han hecho creer que el bloqueo es un derecho constitucional. Eso es falso. El bloqueo es una medida violenta que afecta a ciudadanos inocentes”.
El proyecto plantea sanciones diferenciadas según el grado de participación y el nivel de violencia: penas de 3 a 6 años de cárcel para bloqueadores; de 5 a 8 años para instigadores y financiadores; y de 10 a 20 años de prisión en casos de bloqueos violentos que atenten contra la integridad física de las personas o contra bienes públicos y privados.
La norma en debate, establece sanciones para toda persona que impida el libre tránsito, la circulación de bienes y productos, o interrumpa servicios esenciales.
Alarcón remarcó que los principales afectados por los bloqueos “son ciudadanos que no tienen relación alguna con los reclamos de los manifestantes”.
Mientras Diputados avanza con el tratamiento del proyecto, el pleno de la Cámara de Senadores remitió una iniciativa similar a comisión, al considerar que la penalización de los bloqueos merece un amplio análisis con participación de sectores sociales.
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