El Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción N.º 13 de La Paz fijó para el 22 de enero de 2026, a las 10:00 de la mañana, la audiencia cautelar contra el exalcalde paceño Luis Revilla Herrero, dentro del proceso por un presunto sobreprecio de 26 millones de bolivianos en la compra de 61 buses PumaKatari, informó el denunciante y presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve), Jesús Vera.

La audiencia fue señalada el 5 de diciembre de 2025, luego de que Revilla reapareciera públicamente, tras haber permanecido prófugo desde noviembre de 2021, cuando se activó una alerta migratoria en su contra y posteriormente los sellos azul y rojo de Interpol, que derivaron en su búsqueda en más de 190 países.

Vera señaló que la condición de fuga constituye una agravante que debe ser considerada por el juez, más aún cuando el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del exalcalde en el penal de San Pedro por un periodo de seis meses.

Recordó que la última citación fiscal a Revilla fue el 10 de enero de 2022, audiencia que fue suspendida a pedido del investigado y reprogramada para el 24 de enero de ese año, fecha tras la cual se dio a la fuga, indicó.

El dirigente vecinal cuestionó que, pese a ese antecedente, Revilla haya reaparecido posteriormente en redes sociales participando en campañas electorales y haya logrado la anulación de dos órdenes de aprehensión, situación que calificó como irregular. Lamentó que actualmente, el exalcalde haya pasado de la condición de “prófugo a candidato” a la Gobernación de La Paz bajo completa impunidad de los delitos cometidos.

Asimismo, lamentó que el alcalde Iván Arias y los 11 concejales municipales hayan dejado de impulsar el proceso, pese a haberse presentado inicialmente como parte interesada por el daño económico causado a la Alcaldía, incurriendo —dijo— en un “silencio cómplice”.

Recordó que la Dirección Jurídica del municipio paceño emitió un informe que certifica que la compra de los buses PumaKatari no contaba con el requisito principal de un Estudio Técnico de Factibilidad (TESA) y que la documentación presentada, de 279 páginas, era falsa, con la cual se habría gestionado el desembolso de los recursos.

A raíz de ese informe, dijo que el alcalde Arias se sumó al proceso en calidad de víctima, al igual que la Procuraduría General del Estado, al considerar que existe un daño económico de 26 millones de bolivianos en la primera compra, además de montos similares en la segunda y tercera adquisición, que aún no fueron investigadas.

Revilla es investigado por los presuntos delitos de daño económico al Estado, contratos lesivos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Vera afirmó que, debido a la abundante prueba presentada, el Ministerio Público debería avanzar a la acusación formal y no limitarse a la audiencia cautelar, etapa en la que el exalcalde podría enfrentar una eventual pena de 10 a 15 años de prisión.

Jesús Vera informó que todas las partes procesales ya fueron legalmente notificadas, incluido Luis Revilla, así como los demás sujetos procesales, por lo que la audiencia cautelar del 22 de enero deberá realizarse sin dilaciones.

En ese marco, pidió al gobierno, a la Procuraduría, a la Contraloría General del Estado y a la Alcaldía de La Paz realizar un seguimiento estricto del proceso para evitar cualquier sospecha de protección política a un caso de corrupción concreto.

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