La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Chuquisaca cuestionó el excesivo número de uniformados y la desmesurada fuerza que desplegó la Policía para desalojar a una madre de familia enferma de cáncer, a sus padres –que son de la tercera edad– y a sus dos hijos en Sucre.
De acuerdo a una orden del juez Octavo en lo Civil, Freddy Panozo, el desalojo debió ejecutarse a las 15:00 del pasado miércoles, con el argumento de que la casa en la que vivía esta familia fue rematada mediante un proceso judicial.
Resulta que la expareja de la mujer, un policía en servicio activo, al separarse de su pareja acordó, con documentos firmados, que la casa iba a quedar para los hijos de ambos, pero como él tenía los papeles a su nombre, hipotecó la vivienda, no pudo cancelar la deuda y terminó perdiendo el bien inmueble. Erminia, la mujer afectada, se confió en la firma de documentos y en años no tramitó el cambio de nombre.
Pese a que la suerte de la familia ya estaba echada con la decisión del juez de desalojar a la familia mediante el uso de la fuerza pública, en dos oportunidades activistas de derechos humanos y vecinos se opusieron a la acción policial argumentando que estaban en curso otras acciones judiciales para revertir la situación.
El presidente de la APDH de Chuquisaca, Freddy Jiménez, informó que, finalmente, la Policía cumplió la orden la tarde del miércoles enviando un número inusitado de uniformados, tal como se puede apreciar en videos que se viralizaron en redes sociales. La casa está ubicada detrás de la clínica Ángeles, según informaron las personas allí presentes.
