La reunión se da en un contexto donde ya se han tenido experiencias de decisiones judiciales que paralizaron procesos electorales.

Además de comprometerse a realizar las elecciones en la fecha previstas, las autoridades afirmaron que cumplirán el principio de legalidad y de preclusión al considerar casos del tema electoral.

En ese marco, se desarrollarán talleres de capacitación para los jueces electorales y los servidores públicos del Órgano Electoral, sobre los procedimientos específicos y sus protocolos institucionales.

Incluso, el acta de la reunión establece que el Consejo de la Magistratura “fiscalizará las acciones de los jueces y vocales” para que se sometan a los principios del debido proceso, legalidad y preclusión, bajo advertencia de iniciar las acciones disciplinarias que correspondan.

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