La salida de la representación diplomática de Venezuela en Bolivia no respondió a una decisión del Estado boliviano, sino a una determinación asumida por el propio Estado venezolano, aclaró este domingo el canciller Fernando Aramayo. En ese marco, anunció que el Gobierno iniciará un proceso de análisis sobre la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos que residen en el país.

Durante una conferencia de prensa, la autoridad explicó que, tras el desenlace político registrado en Venezuela, la delegación diplomática abandonó el territorio nacional sin que mediara una solicitud, retiro o expulsión por parte de Bolivia. “No ha sido una decisión del gobierno ni del Estado boliviano, ha sido una decisión del Estado venezolano”, sostuvo.

Aramayo precisó que, pese a este escenario, los canales diplomáticos continúan abiertos y que la presencia consular de Bolivia en Venezuela está plenamente garantizada para atender a los ciudadanos bolivianos que viven en ese país. Detalló que ya se estableció contacto con aproximadamente 6.000 connacionales y que se habilitaron vías de comunicación para responder a eventuales solicitudes de apoyo, incluido un posible retorno a territorio boliviano.

En relación con los ciudadanos venezolanos en Bolivia, el canciller reconoció que no existe un registro actualizado sobre su número ni sobre su situación migratoria, debido a la falta de mecanismos de regularización en gestiones pasadas. Señaló que el actual Gobierno evaluará este panorama para definir acciones concretas. “Hay muchos venezolanos indocumentados en el país y esto es algo que estamos analizando para poder ver cómo trabajar hacia adelante”, afirmó.

En ese sentido, adelantó que en el corto plazo se emitirá una comunicación oficial para establecer mecanismos que permitan identificar cuántos ciudadanos venezolanos residen en Bolivia, cuál es su estatus legal y bajo qué condiciones permanecen en el país. Asimismo, advirtió que se aplicará la normativa vigente para evitar que personas vinculadas al anterior régimen venezolano utilicen de forma oportunista las políticas migratorias bolivianas.

El jefe de la diplomacia boliviana añadió que Bolivia se sumará a los esfuerzos de otros Estados que evalúan medidas similares, siempre en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos. Sobre el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas con Venezuela, indicó que este se dará una vez que se restablezca el orden constitucional y las garantías democráticas en ese país, en función de la voluntad del pueblo venezolano.

Finalmente, el Gobierno reiteró que su posición frente a la situación en Venezuela se rige por los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, con énfasis en la protección de los derechos humanos y en la búsqueda de una salida que permita la reconstrucción institucional y social del país vecino.

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