La columna de marchistas convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) cumple este domingo su segundo día de movilización rumbo a la ciudad de La Paz, con una caminata que concluirá en la zona de Senkata, en El Alto, donde las organizaciones prevén reponer fuerzas y organizar un ingreso masivo a la Sede de Gobierno este lunes.

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, ratificó el rechazo y la exigencia de abrogación del Decreto Supremo 5503, al que calificó como una norma que “entrega los recursos naturales y reduce los derechos laborales”.

La movilización, denominada “Bolivia no se vende”, fue reforzada con la participación de federaciones campesinas de Cochabamba, organizaciones de mujeres Bartolina Sisa y otros sectores sociales afines al evismo.

Paye señaló que con esta marcha se inicia la tercera semana de protestas y el segundo día consecutivo de movilización en las calles.

“El día de mañana estamos arribando justamente a la Sede de Gobierno para hacer escuchar nuestra demanda de abrogación de este decreto 5503”, declaró a los medios de comunicación.

El dirigente minero remarcó que la medida de presión no tiene un carácter político-partidario y cuestionó los intentos de “desvirtuar” la protesta atribuyéndole un tinte partidario. Afirmó que la movilización responde a la defensa de los recursos naturales y los derechos de los trabajadores.

Asimismo, explicó que en Senkata se prevé la redacción y firma de un acta de compromiso y lealtad entre organizaciones afiliadas y no afiliadas a la COB, con el objetivo de mantenerse firmes en la protesta “hasta lograr la abrogación” del decreto cuestionado.

Para este lunes, anunció la realización de un cabildo con la participación masiva de las organizaciones sociales, bajo la dirección de la COB, y posteriormente asistir a la reunión convocada por el Gobierno, a la espera de que esta sea “clara y sincera”.

Paye criticó la gestión del presidente Rodrigo Paz, al considerar que gobernar mediante decretos supremos responde a una lógica “propia de un régimen dictatorial y no de un país democrático”.

En ese marco, sostuvo que cualquier ajuste económico debe adecuarse a la realidad del pueblo boliviano y reiteró la necesidad de impulsar un modelo de industrialización que permita al país dejar su condición extractivista, aprovechando recursos como el litio, las tierras raras, los minerales y el potencial agrícola en todas las regiones del país.

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