El diputado Carlos Alarcón presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley antibloqueos, a raíz de los recientes hechos de violencia registrados en Colcapirhua, así como otros casos similares suscitados diferentes zonas del país. La norma busca sancionar a los bloqueadores con penas que van hasta los 20 años de prisión.

“Como consecuencia de los acontecimientos recientes en Llalagua, Colcapirhua y de años de violencia criminal en los bloqueos que venimos padeciendo los bolivianos, presenté ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley antibloqueos, estableciendo que el bloqueo es un delito y no un derecho”, señaló el legislador, y remarcó que la iniciativa busca dejar en claro que esta medida de presión no puede ampararse en el ejercicio de derechos fundamentales. “No se puede usar el delito del bloqueo para justificar el ejercicio de ningún derecho. El bloqueo es un delito y debe ser tratado como tal”, afirmó.

El proyecto establece un régimen de sanciones penales con agravantes. Según explicó el diputado, la pena para el delito básico de bloqueo será de tres a seis años de cárcel. En el caso de quienes instiguen, organicen, promuevan o financien los bloqueos, la sanción se incrementa a cinco a ocho años. Asimismo, se prevé una pena de 10 a 20 años de prisión para quienes ejerzan violencia contra personas o bienes durante los bloqueos.

La propuesta también incorpora garantías para los efectivos policiales y militares que intervienen en estos conflictos. “No pueden ser utilizados como carne de cañón, enviados desguarnecidos a los bloqueos o convertidos en cabezas de turco, pasando de víctimas a victimarios”, sostuvo Alarcón, que explicó que el proyecto establece que, cuando las fuerzas del orden actúen cumpliendo protocolos y haciendo un uso proporcional de la fuerza del Estado, no tendrán responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria ni civil. Además, se obliga al gobierno a dotar, antes de cada operativo, del equipamiento mínimo necesario, de acuerdo con las circunstancias, para evitar que policías o militares pongan en riesgo su vida.

Otro aspecto central del proyecto es la intervención en zonas de alta conflictividad. “En las zonas rojas, donde se sabe que los bloqueos usan dinamita o armas de fuego, se debe partir de la premisa de que la Policía ya fue sobrepasada y disponer directamente operativos conjuntos militares y policiales”, explicó el diputado, al señalar que en estos casos la capacidad policial resulta insuficiente frente a niveles extremos de violencia. La iniciativa también establece la responsabilidad solidaria de los bloqueadores, de modo que cualquiera de ellos deba responder por la totalidad de los daños y perjuicios causados como consecuencia del bloqueo.

Finalmente, Alarcón informó que el proyecto plantea la abrogación de la Ley 1341 de 2020, sobre la regulación de los estados de excepción. “Esta norma inviabiliza el uso de la fuerza pública del Estado cuando se presentan escenarios de violencia criminal en los bloqueos, ya que limita el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía únicamente a la declaratoria de un estado de excepción, cuyos requisitos hacen prácticamente imposible su aplicación”, sostuvo.

Los hechos que motivaron la presentación del proyecto se registraron el pasado 8 de diciembre, cuando dos personas murieron y al menos ocho resultaron heridas durante un enfrentamiento en el ingreso al botadero de Colcapirhua, en la zona de Cotapachi, Cochabamba. El conflicto se produjo cuando la Policía intervino un bloqueo instalado hace 12 días por comunarios del lugar, quienes lanzaron petardos y detonaron dinamita, mientras que los uniformados respondieron con gases lacrimógenos.

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