El Gobierno de Bolivia negó este domingo que el encarcelamiento preventivo del expresidente Luis Arce por una investigación por presunta corrupción responda a "consideraciones de carácter político", tras los pronunciamientos en favor del exmandatario que hicieron el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el bloque bolivariano ALBA.
La Cancillería boliviana indicó en un comunicado que la detención preventiva de Arce dispuesta por un juez "se enmarca en un proceso de investigación iniciado hace varios años" por sus "presuntas responsabilidades" como ministro de Economía y Finanzas Públicas en la "gestión de recursos públicos del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc)".
"Dicho proceso antecede a su desempeño como jefe de Estado y no se encuentra vinculado a su condición de expresidente ni a consideraciones de carácter político", sostuvo el Ministerio de Exteriores.
También aseguró que la resolución judicial "fue adoptada conforme a la normativa vigente y dentro de un procedimiento en curso, garantizando las instancias de defensa y los derechos que asisten a toda persona sometida a investigación".
El ministerio boliviano ratificó el principio del "respeto a la soberanía y no intervención" en los asuntos internos de los Estados y la vigencia de la "independencia de los poderes y Estado de derecho", por lo que aseguró que las actuaciones judiciales "corresponden exclusivamente a las autoridades competentes" y en base a la ley.
Además, aseguró que "mantiene abiertos los canales diplomáticos para el intercambio de información objetiva" en un marco de "respeto a la autonomía institucional".
"Se exhorta a la prudencia y responsabilidad en los pronunciamientos públicos, así como al fortalecimiento de la convivencia democrática y la paz social, evitando interpretaciones que puedan desvirtuar el funcionamiento regular de las instituciones", agregó la Cancillería.
En la víspera, el régimen de Nicolás Maduro, aliado político de Arce, alertó sobre un supuesto uso "selectivo" del sistema de Justicia en Bolivia como una "herramienta de confrontación política" tras la detención de Arce.
Por su parte, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresó su "profunda preocupación" por el encarcelamiento del exmandatario boliviano que, consideró, representa la "instrumentalización" del sistema judicial con fines de persecución política.
El viernes, Arce fue trasladado a la cárcel de San Pedro en La Paz, donde debe cumplir cinco meses de detención preventiva por sus presuntas responsabilidades dentro de una investigación por malos manejos en un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).
El Ministerio Público imputó a Arce por "incumplimiento de deberes y conducta antieconómica" porque, según esa entidad, cuando fue ministro autorizó desembolsos de recursos del Fondioc a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.
El izquierdista Arce, que dejó la Presidencia el pasado 8 de noviembre, ha asegurado que es "absolutamente inocente" y atribuyó su detención a motivos "políticos".
La Fiscalía boliviana ha aclarado que el proceso contra Arce es por acciones que realizó siendo ministro y no presidente, por lo que en este caso le corresponde un proceso en la vía ordinaria y no un juicio de responsabilidades, como reclama su defensa.
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