La Fiscalía pidió este jueves tres meses de prisión preventiva para el expresidente Luis Arce, por el caso de presunta corrupción en el Fondo Indígena cuando fue ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales.

La imputación fiscal establece que existen suficientes elementos de "probabilidad de autoría" en los cargos que se le atribuyen e incluso que Arce "tenía pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta", por lo que se exige "la medida cautelar extrema de la detención preventiva".

El documento también establece que existen "riesgos procesales y peligro de fuga" del exmandatario, por lo que se pide que su detención, en caso de ser confirmada por un juez cautelar, se realice en el Centro de Reinserción Qhalauma, para menores de edad, situado en el municipio de Viacha, aledaño a La Paz.

Esta solicitud fue cuestionada en las últimas horas por abogados, considerando que el exmandatario no cumple con los requisitos para ser recluido en este centro penitenciario.

Eduardo León, abogado denunciante, adelantó que solicitará que la medida cautelar se cumpla por mayor tiempo y en la cárcel de San Pedro de La Paz.

“Vamos a solicitar de que se deje de lado el requerimiento fiscal y se pueda disponer la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro del señor Luis Arce, porque lo demás sería favorecerlo, pero ya descaradamente”, manifestó León a Unitel.

A este cuestionamiento se sumó el exfiscal y abogado Joadel Bravo, quien calificó la solicitud como una “paranoia total” al contradecir el Código Niña, Niño y Adolescente, que establece que los centros juveniles son exclusivos para personas entre 16 y 21 años y excepcionalmente hasta 25, siempre y cuando hayan cometido infracciones contempladas por leyes especiales.

Incluso, explicó que meter adultos en un centro de menores “es como meter un hombre en un baño de mujeres”.

Asimismo, el abogado Martín Camacho acusó al Ministerio Público de cometer una irregularidad al solicitar la detención de Arce en un centro para menores.

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