El presidente Rodrigo Paz y su gabinete aprobaron el 8 de diciembre un decreto supremo que cambia la política sobre vacaciones en el sector público. La norma declara que el uso de la vacación es “irrenunciable y obligatorio”, suspendiendo así la disposición del gobierno de Luis Arce que permitía el pago en efectivo por días no utilizados.
El decreto modifica artículos del Estatuto del Funcionario Público y fundamenta la decisión en “los recursos públicos limitados” y en obligaciones heredadas que, según el Ejecutivo, dificultan asumir pagos adicionales.
EXCEPCIONES
La medida específica que la compensación pecuniaria solo será válida en casos excepcionales, como fallecimiento del funcionario, extinción de la entidad, renuncia, destitución o mandatos judiciales.
