Tras una audiencia virtual que concluyó cerca de las 20:00 de este sábado, el Juzgado 15vo de Instrucción Penal Anticorrupción de La Paz ordenó la detención preventiva por un lapso de cuatro meses para la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty (56 años). La autoridad jurisdiccional dispuso que la exlegisladora cumpla la medida extrema en el Centro de Reorientación Femenina de Obrajes, mientras avanza la investigación por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica vinculados a recursos del extinto Fondo Indígena.

El Ministerio Público sustentó su acusación en el desembolso de aproximadamente 700 mil bolivianos que Patty habría recibido en sus cuentas personales en 2010. Estos fondos, parte de un presupuesto mayor, estaban destinados a proyectos de producción de tomates y carpas solares para ocho comunidades de la provincia Bautista Saavedra. 

Sumado a esto, el fiscal Miguel Cardozo informó a la red Unitel la existencia de una segunda investigación activa contra la sindicada por un proyecto de producción de miel que tampoco se ejecutó en su totalidad, pese al desembolso del 92% de los recursos (650 mil bolivianos).

“Existen los depósitos a la cuenta bancaria de Patty, de igual manera, ella ha presentado documentación que acreditaría la devolución de esos dineros. Sin embargo, hay otros fondos que no han sido explicados por la señora Patty”, declaró el fiscal Cardozo.

La defensa rechazó el fallo y denunció falta de objetividad. El abogado Víctor Nina declaró a El Deber que apelaron la decisión y adelantó que insistirán en la vía constitucional tras el rechazo de recursos previos. “Se ha determinado cuatro meses de detención preventiva de manera arbitraria (...) Vamos a presentar una tercera acción de libertad el domingo. Mañana (por hoy) vamos a presentar y esta noche voy a trabajar en ese extremo”, anticipó anoche el jurista.

Por su parte, Richard Cerda, otro de los abogados de Patty, explicó a Erbol que las obras, en el caso del proyecto de tomates, se entregaron bajo acta en 2013 y atribuyó las irregularidades a una empresa constructora denunciada hace una década. Asimismo, cuestionó que recién el 5 de noviembre de 2025 el Fondo Indígena emitiera el informe de auditoría que reactivó el caso.